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Cuatro diputadas federales de Morena se pronunciaron porque la Comisión de Honor y Justicia de su partido sancione a los dos legisladores morenistas que en Nuevo León penalizaron el aborto.
Las legisladoras Sandra Paola Gonzáles, Miroslava Sánchez y Beatriz Rojas repudiaron el retroceso que permitieron los diputados neoleoneses, incluidos dos de Morena, Celia Alonso Rodríguez y Juan Carlos Leal Segovia, contra los que se pedirán sanciones pues se votó en contra de los derechos de las mujeres.
También la diputada morenista, Lorena Villavicencio, advirtió “me parece que si deberíamos de valorar las integrantes de Morena la presentación de una queja, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales, el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva”.
“Ese es un asunto que deberá ponderar el órgano de justicia de Morena. Lo que no vamos a permitir es que avance esta posición conservadora en los estados”, advirtió.
Las cuatro legisladoras anunciaron acciones para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se revierta la penalización del aborto en Nuevo León.
Entre las posibilidades se analiza presentar una solicitud expresa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que promueva esa acción ante la Corte.
PIDEN DESPENALIZAR ABORTO EN TODO EL PAÍS
Legisladoras como Villavicencio, Guadalupe Almaguer (PRD) y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, además de integrantes de organizaciones civiles anunciaron que intensificarán tareas para lograr la despenalización del aborto a nivel nacional, y evitar regresiones, como la ocurrida en Nuevo León.
Recordaron que en la Cámara de Diputados hay dos iniciativas, de Morena y PRD, para armonizar todas las legislaciones estatales y que se establezca, como en la Ciudad de México, la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Pero actualmente están pendientes de dictaminarse en comisiones unidas de Igualdad de género y Justicia.
Previamente en Foro sobre “Aborto Legal Ya” se valoró que en las 32 entidades del país el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación, en 29 entidades cuando el aborto se produce de manera imprudencial, en 23 cuando pone en riesgo la vida de la mujer, en 15 cuando la interrupción del embarazo pone en riesgo la salud de la mujer y en 16 en casos de alteraciones graves al producto.
En Michoacán y en Yucatán existe la interrupción legal del embarazo por razones económicas.
