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Recientemente, por unanimidad de votos, el Congreso local aprobó el dictamen que reforma el Código Penal del estado, para la tipificación de Delitos de Violación contra la Intimidad Sexual, que impulsó desde 2014 la activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de acoso cibernético, tras la difusión de un video íntimo.
Ahora, en la entidad se sancionará, con penas de tres a seis años de prisión, a quien obtenga y difunda el pack; es decir, imágenes y videos de carácter sexual, además de textos y audios de contenido íntimo sin consentimiento del titular.
“A todos los cómplices de esta violencia se les podrá denunciar y a quien lo haga con violencia —que obligue a una mujer a grabarse o fotografiarse— se incrementará dos terceras partes la pena” comentó Olimpia Coral Melo a EL UNIVERSAL.
La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino; sin embargo, el texto fue elaborado desde 2014 por la activista que encabeza el Frente Nacional para la Sororidad, después de haber sido víctima de ciberacoso y extorsión por la difusión de un video intimo colgado en internet.
“Gordibuena de Huauchinango”.
En 2012, la activista tenía 18 años y cursaba la preparatoria en su natal Huauchinango, Puebla. Era una alumna destacada, representaba a la entidad en concursos internacionales de debate y oratoria. Todo cambió cuando accedió a grabar un video íntimo con su pareja, mismo que fue subido desde su celular a grupos y páginas pornográficas de internet.
La grabación se viralizó y la imagen de Olimpia fue explotada en al menos seis páginas porno a nivel mundial. “Mi nombre es Olimpia Coral y deje de serlo para convertirme en la Gordibuena de Huauchinango”, relató la activista, quien fue víctima de burlas, acoso y extorsiones que la llevaron a tratar de suicidarse en tres ocasiones.
Incluso llegaron a pedirle dinero a cambio de bajar el video. Su imagen la explotaron en el ciberespacio como escort y prostituta en Huauchinango.
Cuenta que cuando fue al Ministerio Público a denunciar le pidieron pruebas diciendo: “A ver pues (…) enséñame el video como prueba del delito”, pero nunca pudo denunciar a nadie, ya que no había delito que perseguir. Lo más cercano al delito era tipificado en Puebla como ultrajes a la moral.
“Me dijeron que no podían hacer nada porque no hay en México peritos digitales y la policía cibernética es preventiva y no de acción, por lo tanto ellos no pudieron hacer nada”.
Después de experimentar en carne propia que no había justicia online, salió de Huachinango para investigar porque los derechos humanos no eran extensivos en espacios digitales y se profesionalizó en derecho digital. En 2014 fundó el Frente Nacional para la Sororidad, asociación que busca la erradicación y prevención de la violencia digital de género en conjunto, con más de 30 activistas y asociaciones civiles que luchan por la prevención del ciberacoso.
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