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Dieciséis mujeres, sin nexo alguno entre ellas, fueron abusadas por Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro que mantenía con ellas una relación jerárquica, pero para un fiscal peruano no hay motivo para abrir una investigación penal porque no están lo suficientemente traumadas.
Las mujeres no denunciaron los ataques en su momento, no se mostraron los debidos daños emocionales o físicos e incluso mantuvieron su vida y su trabajo con normalidad, indicios que para el fiscal Marcos Guzmán Baca justifican archivar el caso y no proceder con una investigación.
La postura del Ministerio Público, de mantenerse, tiraría por tierra el que sería el primer gran caso de acusación colectiva en Perú contra un abusador sexual, que no llegaría siquiera a convertirse en un proceso.
El acusado
Las acusaciones son las siguientes: Durante años, Castrillón, pese a no tener ningún título que lo habilitara para ello, ejerció como profesor de teatro y director en algunas producciones artísticas.
En sus clases usaba "técnicas" que incluían desnudar a las actrices, manosearlas o introducir su pene entre las nalgas, o sus dedos en sus vaginas.
También habría penetrado a una mujer que se quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de piso para masturbarse junto a su cama.
No obstante, según la resolución fiscal a la que tuvo acceso Efe, nada de esto constituiría un probable delito porque las víctimas, todas adultas cuando sucedieron los hechos, no muestran una "afectación" emocional "compatible" con los delitos; y en los casos en los que sí hay afectación, la pericia no puede probar que sean "explícitamente" a causa de "una violación sexual".
Que algunas no expresaran su negativa en el momento de los hechos, que no le reprocharan inmediatamente sus actos o que mantuvieran un trato "cordial" con el supuesto agresor implica también, según la tesis del fiscal, que o bien dieron su "consentimiento" o que no tuvieron "un comportamiento razonable" como víctimas de abuso sexual.
Al fiscal tampoco le parece siquiera digno de una investigación que las denuncias se cuenten en dos dígitos, que haya además otras dos víctimas que decidieron no seguir con la denuncia, y que todas narren patrones similares.
Investigar
"Hacer una denuncia es ya un tránsito duro que la mayoría de las mujeres prefiere no dar porque la sociedad nos va a juzgar desde un inicio. '¿Por qué no denunciaste?'. Esto da un mensaje de que el sistema no está dispuesto a investigar los casos", dijo a Efe Daniela Rotalde, una de las víctimas de Castrillón.
Rotalde y las otras víctimas comenzaron a denunciar los hechos hace tres años, algunas más pronto y otras más tarde, primero a través de las redes sociales y luego, con apoyo legal del Ministerio de la Mujer, ante la fiscalía.
La primera respuesta legal que acaban de recibir es la de un fiscal que tiene "una mirada machista respecto a lo que es el abuso" y un indicio de que en el Ministerio Público peruano "no se ha aprendido nada de apreciación del género".
"Es un mensaje triste. Hay avances en legislación, en la sociedad, para ver cómo se entiende un caso de abuso, los factores que están allí que determinan que una sea víctima (...) Pero aquí el Ministerio Público no parece aprender. Se nos quita el derecho a una investigación y se sentencia antes incluso de valorar evidencias", dijo.
Nueva investigación
Ante el "golpe duro" del archivamiento de la denuncia, varias de las víctimas tuvieron que armarse de valor y hacer lo que no habían hecho antes: salir a denunciar públicamente una situación "delirante, retrógrada, machista y absurda".
"Hemos apelado para que se realice de nuevo la investigación, por otra fiscalía. Somos 15 denunciantes, tienen que evaluar cada uno de los casos para ver cuales procederían a una denuncia penal. Esta resolución desestimó por las mismas razones casos distintos", apuntó Rotalde.
También desestimó como prueba un correo electrónico del propio Castrillón en donde reconocía un acto de abuso y pedía perdón por el mismo, pues quien recibió la misiva no había presenciado el acto.
La ministra de la Mujer de Perú, Rosario Sasieta, confirmó a Efe que su ministerio, que representa a las denunciantes, ya impugnó la decisión con la esperanza de que se revierta la decisión y el caso pueda convertirse en una denuncia penal.
Víctimas y victimarios
"Invalida testimonios porque no cuadran con el estereotipo de víctima, que tiene que estar traumada. O, porque vivimos con 'normalidad', sugiere que nos sometimos voluntariamente. Incluso en el caso en que hubo una violación a una mujer sin capacidad de resistencia. Que estuviéramos allí, ya nos puso en una vulnerabilidad deseada, parece decir", afirmó Rotalde.
Las víctimas consideran también particularmente agraviante que en las más de 60 páginas de resolución, el fiscal solo cite sus pericias forenses para desacreditarlas, mientras que las del supuesto asaltante apenas son consideradas.
"Extrañamente, no se usa su pericia psicológica, parece que no ha sentido (el fiscal) necesidad de investigarlo a él, sino sólo a nosotras", añadió la víctima.
Dicha pericia, a la que también tuvo acceso Efe, señala que el acusado es "calculador", con "baja tolerancia a la frustración", de "personalidad histriónica con rasgos disociales, perfil psicosexual con indicadores de inmadurez psicosexual con tendencia a la promiscuidad".
Otro tema que también rechazan las víctimas es que si bien toda la investigación se hizo con criterios de "confidencialidad" y dieron declaraciones en una cámara Gesell, el fiscal Guzmán usa en su resolución los nombres completos de las víctimas. "Las que ya dimos testimonio público estamos bien, pero otras tienen un proceso distinto", indicó Rotalde.
Apoyo del estado
Para la ministra Sasieta, todo este asunto genera "profunda indignación", pues se trata de "un sistemático caso de violencia sexual" y es "una clara demostración de la ausencia de un sistema de justicia especializada con enfoque de género".
Asimismo, también pone sobre la mesa la necesidad de "trabajar directamente con las y los fiscales" para lograr "un adecuado abordaje de los casos de violencia", que abarque "la erradicación de estereotipos desde la denuncia hasta la sentencia".
Pese a este apoyo, Rotalde apuntó que la sensación de "abandono" de las mujeres por parte del Estado solo desaparecerá de su cabeza si se revierte la resolución fiscal.
"Es inaceptable e incomprensible, no va a proceder, no puede proceder. Si así fuera, será una decepción profunda, no solo para nosotras, sino para todas las que atravesamos algo similar y peleamos por los derechos de las demás", concluyó.
