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Aguascalientes.— María dice que lleva una profunda herida en el corazón: de niña, su padrastro la violó y en abril pasado, a sus 19 años de edad, sufrió un ataque sexual múltiple del que resultó embarazada. “Cuatro hombres me violaron en una casa abandonada”, cuenta.
La joven de ojos negros y pestañas pronunciadas se reserva el domicilio (un picadero) en el que sufrió la agresión. Tampoco denunció el hecho ante las autoridades. “¿Para qué?, no hacen nada”, dice.
Recibe acompañamiento de una organización civil en su embarazo, terapias sicológicas y tratamiento contra las adicciones.
Dice que carga una cadena de dolor que la desgarra, sobre todo por la violencia que padeció en su hogar, en donde su padrastro la violó en diversas ocasiones sin que su madre hiciera algo para protegerla; incluso, recuerda, se puso en su contra cuando se lo confesó.
En un centro de ayuda para adictos, María comparte habitación con Isabel, otra chica violada por su tío a los nueve años; decidió tener a su bebé y por él rehabilitarse 100% y ponerse a trabajar.
En 2019 se incrementaron 20% las denuncias por violación en Aguascalientes, con el registro de 251 víctimas entre los meses de enero y octubre, contra 201 del año anterior.
El fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, comentó que cada mes se reciben 25 denuncias por violación. La mayoría de las personas afectadas, entre ellas menores de edad, son violentadas por familiares o personas cercanas.
La Policía Ministerial identificó a mujeres jóvenes atacadas después de asistir a antros. En dos casos hubo un taxista involucrado. Organizaciones feministas ubican a estudiantes de secundaria violentadas en espacios públicos.
El titular de la Policía Ministerial, Juan Muro Díaz, ha anunciado el despliegue de operativos para la búsqueda de violadores en espacios públicos.
Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (Ovsgags), indica que más allá del dato oficial, muchas víctimas no denuncian.
“Es complicado tener cifras exactas, muchas de estas situaciones no se denuncian porque las víctimas viven un proceso de agresión muy fuerte, el atacante es cercano a ellas o porque no hay confianza de que las autoridades vayan a dar con el responsable”, cuenta.
El organismo trabaja en el diseño de un mapa delictivo y en un plan estratégico para la prevención del feminicidio y de cierta forma de hechos de violación: “Este tipo de delitos se centra más hacia el oriente de la ciudad”, y está asociado a la falta de servicios públicos, dijo.
“Para que se cometan delitos de índole sexual, los agresores también necesitan [condiciones], por ejemplo, los lotes baldíos llenos de escombro que no se han limpiado, paradas de autobuses que no tienen luminarias, rutas de camiones que dejan de pasar a la ocho de la noche”, expone la activista.
Señala el riesgo que corren las niñas y adolescentes de primaria y secundaria que salen de la escuela y van caminando solas en la oscuridad por espacios muy largos, por falta de transporte y alumbrado.
“Las violaciones suceden en esos espacios en los que no tienen protección policial y las condiciones de los terrenos son muy violentos”.
Sabás Díaz precisa que no se criminaliza el sector, ni dice que en esas zonas viven los agresores, “decimos que en esas zonas, por sus condiciones, se puede ver un incremento de los delitos sexuales”.
Lamenta la falta de política pública para la prevención de la violencia sexual, porque no hay datos estandarizados ni sistematizados, y el problema se atiende con la entrega de folletos.
La defensora social mencionó que el corte conservador de la sociedad local ha inhibido muchas políticas públicas en torno a la violencia sexual, porque se insiste que en Aguascalientes todo están bien y son sólo casos aislados.
“Aguascalientes es la tierra de la gente buena, aquí no matan mujeres, no se viola a niñas ni a adolescentes y el gobierno actual, que también es conservador, lleva la inercia de negar que sucedan ese tipo de situaciones”, ejemplifica.
Agrega que también debe preocupar que la entidad sea un lugar de tránsito para la trata de personas con fines de explotación sexual.
