Más Información
Guadalajara.— Javier desapareció el 1 de febrero de 2018, su familia lo buscó durante casi nueve meses y las autoridades de Jalisco tuvieron su cuerpo durante todo ese tiempo; su cadáver es uno de los cientos que fueron tratados con negligencia por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y sólo fue identificado por la presión social ejercida contra la administración del priista Aristóteles Sandoval tras el escándalo de los cuerpos apilados en cajas de tráiler.
De los asesinos de Javier nada se sabe, pero quienes lo desaparecieron fueron funcionarios cuyos nombres aparecen en la página 229 del informe especial presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras la crisis forense que revelaron los tráileres.
“Raúl Sánchez Jiménez, entonces fiscal del estado; Maricela Gómez Cobos, entonces fiscal central; Fausto Mancilla Martínez, entonces fiscal regional; José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la fiscalía; Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la fiscalía; Luis Octavio Cotero Bernal, entonces director general del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, entonces director del Servicio Médico Forense; Francisco Javier Ortega Vázquez, entonces coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales”, se lee en el documento.
Alrededor de las 22:00 horas del 1 de febrero Javier, de 36 años, salió de la casa de sus padres en el centro de Tlaquepaque para ir con una amiga, pero ya no volvió. Por sus medios su familia ha logrado armar una parte de lo que ocurrió aquella noche: a las 23:00 horas alguien comenzó a llamarle sin éxito a su teléfono, más de 20 llamadas de un número desconocido están registradas en su línea.
Su teléfono dejó de funcionar a la una de la mañana del 2 de febrero y la última geolocalización que se obtuvo fue en la colonia Álamo Industrial; a las 3:00 horas fue asesinado con un tiro en la cabeza y el 3 de febrero su cuerpo fue localizado en la cajuela de su auto, abandonado sobre la carretera cerca del municipio de Tala.
Pero las autoridades no hicieron nada por identificarlo. En el informe de la CEDHJ se documenta que en casos como el de Javier, quienes encontraron el cuerpo se limitaron a llenar un informe policial homologado y solicitaron “los dictámenes periciales necesarios”, sin especificar datos del hecho, actos de investigación a realizarse y omitiendo solicitudes concretas de pruebas periciales al IJCF.
Así comenzó la desaparición del cuerpo de Javier. Por eso, cuando su familia acudió a reportarlo en la fiscalía y fue a buscarlo al forense nadie pudo darles información; esa escena se repitió a diario durante tres meses.
“Cuando veíamos noticias sobre la aparición de cuerpos en algún lugar pensábamos en él y teníamos la esperanza de que no fuera así, de que tal vez lo tuvieran haciendo algo contra su voluntad, pero vivo”, recuerda una de sus hermanas.
Según el informe de Derechos Humanos de Jalisco, 81% de los cuerpos que se aglutinaron en el IJFC durante esta crisis forense son de personas que murieron violentamente.
