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El gobierno de la proclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció ayer que denunciará al antiguo mandatario Evo Morales ante instancias internacionales por crímenes de lesa humanidad, tras revelar un audio en el que alentaba las protestas desde México, donde está exiliado.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, compareció para informar que el gobierno tuvo acceso a una supuesta conversación telefónica entre Morales y un dirigente del trópico de Cochabamba, Faustino Yucra Yarwi, que se habría producido hace tres días. Según Murillo, el líder indígena “ordena que no entre comida a las ciudades” como parte del bloqueo, lo cual es un crimen de lesa humanidad, por lo que presentarán una “demanda internacional” contra Morales.
El gobierno interino presentó un proyecto de ley para convocar a elecciones y calmar la violencia que ha dejado 32 muertos desde los cuestionados comicios del 20 de octubre. La Comisión de Constitución del Senado trata hoy el proyecto que declara nulas las elecciones de octubre e insta a designar nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral dentro de 15 días para que, tras los nombramientos, en un plazo de 48 horas convoque a comicios y garantizar así que el proceso electoral sea “transparente, con un órgano electoral creíble”.
El Partido MAS, leal a Morales, respondió con su propio anteproyecto para acelerar las elecciones, que en Bolivia requieren un proceso de tres meses, con una propuesta que incluso plantea la cita con las urnas para el 12 de enero de 2020.
Bolivia se encuentra dividida entre partidarios y opositores a Morales, quien gobernó el país por casi 14 años. Morales renunció el 10 de noviembre presionado por manifestantes, grupos civiles, fuerzas de seguridad y aliados, así como por una auditoría internacional que encontró serias irregularidades en el recuento de los comicios y puso en duda la victoria del líder indígena. Desde entonces, el gobierno interino de la exsenadora Áñez ha luchado para apaciguar la violencia extrema, pero avivó algunas divisiones con abruptos cambios de las políticas de Morales.
El conflicto en la región de Cochabamba y la ciudad de El Alto ha sacudido al país sudamericano durante la última semana desde la partida de Morales, con enfrentamientos por el bloqueo de una planta de gas que dejó el martes ocho muertos.
El total de muertes en los disturbios tras las elecciones llegó a 32, según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de ellas en los últimos 10 días.
En Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó a las autoridades interinas bolivianas a convocar “urgentemente” a elecciones. La representante permanente de México ante el organismo, Luz Elena Baños, hizo un “llamado a todas las fuerzas armadas de dicho país a que regresen a los cuarteles y no se enfrenten a la población”. Desde México, Morales acusó conspiraciones internas y externas para derrocarlo y pidió la intervención de organismos internacionales y del papa Francisco para que participen en una Comisión de la Verdad que aclare la legalidad de los comicios de octubre. También pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU “denunciar y frenar esta masacre de indígenas” en Bolivia.
