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Ante el Decreto anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para liberar a personas en reclusión por enfermedad, edad o tortura, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, informó que en la capital del país hay 479 personas recluidas que han sido víctima de tortura, en 49 se ha comprobado que la tortura pudo haber interferido en el proceso de investigación.
“Estas 49 iniciales que les dije en la recomendación está acreditado que la tortura tuvo un impacto en la sentencia. En los otros está documentada la tortura pero la recomendación no señala como tal la reapertura de investigaciones (…) Las 479 están en recomendaciones, por lo tanto tienen aplicado el protocolo de Estambul”, añadió que en cada caso se esta analizando y que en breve se dará un informe sobre cada caso.
Ramírez Hernández indicó que se trata de 40 hombres y nueve mujeres, todos distribuidos en distintos penales de la Ciudad de México.
Agregó que todos los casos corresponden a investigaciones que la Comisión de Derechos Humanos inició entre el 2003 y el 2015 y de las cuales ya se emitió recomendación.
Comentó que hay una persona que lleva 21 años en prisión preventiva y que hasta el momento no ha recibido una resolución jurídica sobre la acusación en su contra. Adelantó que las autoridades revisarán su caso para iniciar una investigación y reparación del daño.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el documento que firmó junto con 17 gobernadores en donde expresan su apoyo y se suman a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de liberar a presos mayores de 65 años que tengan más de 10 años sin sentencia y padezcan alguna enfermedad crónica.
Sheinbaum informó que se trabaja con la Consejería Jurídica y que su Gobierno ha recibido asesoría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para emitir un decreto y el análisis de cada caso de tortura.
La mandataria capitalina aseguró que se informará sobre los caminos que se seguirán para que las familias de las víctimas y los propios reclusos no sigan bajo esa “injusticia”.
“En estos casos estamos trabajando con la Consejería Jurídica y hemos pedido asesoría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el análisis junto con el Sistema Penitenciario y la Comisión de Derechos Humanos para cada uno de estos casos y esta misma semana podemos dar los números y exactamente qué procedimiento se va a llevar a cabo para que las familias y las personas privadas de la libertad no sigan bajo esta injusticia que consideramos”.
