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Incrementos salariales de 100%, entrega de gasolina y mantenimiento a sus autobuses, la liberación de maestros acusados de secuestro, que no haya internet en las escuelas públicas, o la construcción de hoteles, son algunas de las demandas que en los últimos años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha exigido al gobierno federal y a autoridades locales.
En una revisión hecha por EL UNIVERSAL se encontró que en los pliegos petitorios que la disidencia magisterial ha realizado, se han exigido cosas que podrían calificarse como absurdas y que han sido condicionantes para terminar con paros educativos, plantones y tomas de carreteras e inmuebles.
Por ejemplo, en el pliego petitorio que la Sección 22 de la CNTE en Oaxacaentregó al gobierno del estado el 1 de mayo del año pasado, en el punto 5 del apartado de Demandas Económicas se exigió a las autoridades educativas la construcción de un hotel en la playa de Puerto Escondido, así como la entrega inmediata del hotel Marley, ubicado en Huatulco.
En la misma lista se pidió también la renovación y mantenimiento del parque vehicular, así como dotación de combustible “de manera integral para el trabajo pedagógico de la sección”.
En junio de 2015, en una larga lista de exigencias del brazo político de la Sección 22 de la CNTE oaxaqueña, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca (MDTEO) rechazó la instalación de internet en las aulas porque, aseguran, “se prestan a los programas de la mal llamada reforma educativa y de la evaluación punitiva”.
Incluso, en el mismo documento se acordó responsabilizar a todos los medios de comunicación de la integridad física de los miembros del MDTEO, “por la especulación emprendida sobre los salarios de la dirección seccional al exponerlos ante la delincuencia”.
Ese año, en el plantón que hicieron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el magisterio disidente pidió un aumento salarial de 100%, así como mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación activos, personal de apoyo y asistencia a la educación y jubilados”.
Un mes después en ese mismo año, pero en reunión con el entonces subsecretario de Gobernación y hoy diputado federal, Enrique Miranda Nava, la Coordinadora pidió la derogación de la reforma educativa y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Y los presos. En tanto, el 28 de agosto del año pasado, casi dos meses después de que Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente, Pedro Gómez Bahamaca, secretario general de la Sección 7 de la CNTE, entregó al hoy titular del Ejecutivo federal un pliego petitorio en el que exigía la liberación de a quienes consideraba “presos políticos”, como Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva, Damián Gallardo y Óscar Hernández Neri, acusados de secuestro.
En respuesta, el mandatario instruyó al ahora secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, a que iniciara de inmediato el procedimiento para liberar a los presos políticos.
“Respetuosos de todos los poderes, sobre todo en este caso del Poder Judicial, pero que el Poder Ejecutivo muestre su voluntad de que se liberen a los presos políticos que injustamente están encarcelados, para conseguir la reconciliación nacional”, enfatizó. Cuatro meses después, el 28 de diciembre, los docentes fueron liberados.
