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De acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Salud (Ssa), en el último año y medio se registraron en promedio cinco hospitalizaciones por sobredosis de fentanilo al mes. Entre junio de 2023 y diciembre de 2024 se han contabilizado 92 hospitalizaciones en 15 entidades del país, sea por intoxicación autoinfligida (40), accidental (18) o por determinar la intencionalidad (34).
El lugar donde más registros existen es Sinaloa, casa del cártel que lleva su nombre. En este periodo, los hospitales generales ubicados en los municipios de Culiacán, Elota, Navolato, Eldorado y Salvador Alvarado acumularon 38 hospitalizaciones por sobredosis de fentanilo.
El segundo lugar con más internamientos lo ocupa Baja California, con 22 registros en los hospitales generales de Tijuana y Playas de Rosarito. Le sigue Quintana Roo, con siete hospitalizaciones, la mayoría ocurridas en el segundo semestre de 2024 y atendidas en el Hospital General de Cancún.
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Los registros de hospitalizaciones por intoxicación de fentanilo también se han documentado en la Ciudad de México, con cinco casos; en Michoacán, Sonora, Jalisco y Veracruz, con tres en cada entidad; en Puebla, con dos, y al menos un caso en cada uno de los siguientes estados: Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas.
De acuerdo con el conteo de la Secretaría de Salud federal, 46% de las hospitalizaciones se concentran en personas de entre 16 y 28 años. 74 casos son hombres y 18 mujeres.
De las 92 hospitalizaciones, sólo cinco concluyeron en defunción, el resto de las personas se salvaron y fueron dadas de alta con vida.
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Estos registros fueron obtenidos en la plataforma Cubos Dinámicos,operada por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud federal.
En la plataforma se seleccionaron los casos clasificados con el “Código U94 intoxicación por fentanilo”. Este código fue introducido a mediados de 2023 como resultado de mesas de trabajo entre activistas, académicos e instituciones de salud pública. El código está basado en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los registros obtenidos para este trabajo corresponden a la categoría de Egresos Hospitalarios, utilizada para medir el número de personas que fueron internadas en un hospital y Urgencias Médicas, que corresponde a las atenciones prestadas en las salas de urgencias y de admisión continua.
Se verificó que los registros nose duplicaran.
Prevalece un subregistro
Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa DDHH, organización civil especializada en derechos humanos y políticas de drogas, considera que la estadística de hospitalizaciones de la Ssa es incipiente y aún prevalece un subregistro, pues se dejan fuera las atenciones a nivel de calle, realizadas por paramédicos, bomberos y activistas.
Muro Polo critica que, a pesar de que la crisis de fentanilo ya suma varios años, en México aún no existen registros que documenten la realidad del consumo en el país. La falta de una encuesta nacional de adicciones agrava la situación, acusa.
“Con la información que se tiene no se puede hablar de una expansión del consumo, pero sí nos dice varias cosas. La primera es que Sinaloa y Baja California son entidades donde hay un consumo muy focalizado de fentanilo”, afirma.
La especialista destaca la urgencia de que la autoridad federal reconozca que sí existe consumo en México y se implementenpolíticas públicas de salud para atender a esta población.
“No vamos a llegar a las cifras de Estados Unidos, pero sí hay una crisis y la tenemos muy focalizada en Baja California, Sonora y Sinaloa. Necesitamos entender las dinámicas del consumo y, sobre todo, saber qué está pasando en estos lugares, donde también hay producción”, enfatiza.
Elementa DDHH publicó recientemente el informe Entre la calle y el uso: situación de los derechos humanos de las personas que habitan calle y usan drogas en Tijuana y Mexicali, en el cual se documenta la nula existencia de políticas públicas de salud en Baja California para atender a esa población consumidora de fentanilo. El informe señala que son objeto de persecución, criminalización, estigmatización y discriminación por parte de las autoridades. Refiere que las alcaldías de Tijuana y Mexicali han aplicado programas de limpieza socialpara retirar a las personas de los espacios públicos, pero sin ofrecerles alternativas de reinserción social.
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“Lo que vemos es que hay una necesidad de cuidar el espacio público, que no se vea a las personas usando drogas y no de que se les atienda. En Baja California el consumo de fentanilo sí está concentrado en una población habitante de calle y esto deriva en que no haya ningún tipo de política pública a su favor. Se vuelven una población desechable”, critica.
Para este trabajo se buscó una entrevista con la Secretaría de Salud federal, pero su área de Comunicación argumentó que en temas relacionados con el fentanilo la “agenda está cerrada”. También se contactó a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), pero tampoco aceptó dar una postura.
