Más Información
El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que los cobros que realiza el Instituto de Salud de Bienestar (Insabi) a la gente más pobre son ilegales, pues la ley señala que las cuotas de recuperación serán acordes con los ingresos de los usuarios, pero si carecen de recursos estarán exentos.
Ese es un ejemplo de que hay improvisación en el nuevo Insabi, lo que pone en riesgo la vida de millones de mexicanos, dijo.
Romero Hicks expuso que el Seguro Popular era gratuito y, solamente para tratamientos especializados los pacientes pagaban 88 pesos por día de hospitalización, pero ahora con el Insabi “todo se les cobra llegando a desembolsar 500 pesos diarios en promedio y es imperdonable que se haga esto con los que menos tienen”.
"Es injusto que los enfermos paguen el precio de la improvisación e irresponsabilidad de los administradores del gobierno federal. Esto, se lo decimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, también es corrupción y atenta contra la vida humana por privilegiar los proyectos clientelares del sexenio”, manifesó.
Expuso que esos cobros y el incremento que tuvieron las cuotas de recuperación, la saturación en centros de salud y en algunos casos la negativa a prestar servicios, además de la incertidumbre de médicos y enfermeras sobre su permanencia en el nuevo Instituto, demuestran que éste “es un fracaso”.
"El Insabi es uno más de los errores de la cuarta “transtornación” en su proyecto de centralizar los recursos y las nóminas de los hospitales y clínicas", dijo.
Por tanto, y en respuesta al mandatario, quien ha dicho que hay campañas de desprestigio contra el Insabi, Romero Hicks lo emplazó a realizar recorridos sorpresa en clínicas de salud, hospitales e Instituciones del sector “para conocer de cerca, de manera aleatoria y sin previo aviso sobre la situación que se vive ante las carencias”.
El legislador del PAN recordó que su bancada presentó en septiembre pasado una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) del Seguro Popular pues “ya vislumbraban las consecuencias que hoy se tiene a la vista.
“Demandamos de la ASF determine si el gobierno federal incurre en malversación del FPGC y en caso de que se acredite una violación a la norma, se determinen las sanciones administrativas correspondientes y se dé vista al Ministerio Público Federal respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito”.
En el PAN “advertimos que al eliminar el mecanismo de financiamiento que garantizaba recursos públicos por cada afiliado al Seguro Popular y eliminar la póliza que amparaba este derecho, no habrá garantía de atención médica y podrán negar la prestación de servicios, como ya está ocurriendo”.
En tanto, la diputada panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas instó a la Secretaría de Salud a acelerar la publicación de las reglas de operación del Insabi, para precisar la forma de trabajar del nuevo organismo.
Aunque la administración federal tiene un plazo de 180 días para publicar las reglas, un tema tan delicado y urgente como la salud de los grupos vulnerables del país amerita una publicación pronta y expedita.
“En tan solo ocho días desde la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar, miles de ciudadanos ya han sido víctimas de la incertidumbre y falta de información que genera la activación de un programa sin reglas de operación por lo que se requiere certeza", expuso.
La propuesta de punto de acuerdo promovido por la legisladora fue remitido a la Segunda Comisión de la Permanente para su análisis.
