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Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, quien este miércoles presentó su renuncia como Fiscal General de Justicia de Nuevo León, durante los más de cuatro años que estuvo en el cargo enfrentó polémicas, la más reciente derivada del deficiente manejo de casos de feminicidios en el estado, particularmente en el caso de Debanhi.
El caso Debanhi
La joven desapareció el 9 de abril pasado y su cuerpo fue encontrado sin vida 13 días después dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, un lugar que, supuestamente, elementos de la fiscalía habían registrado en al menos tres ocasiones.
En los minutos siguientes a la localización del cuerpo se empezó a difundir la versión de que la joven había caído a dicha cisterna de manera accidental. Posteriormente las dos supuestas amigas de la joven y el chofer que la debía llevar a su casa dieron entrevistas televisivas en las que se revictimizó a Debanhi.
Posteriormente se filtró un dictamen forense independiente, ordenado por la familia, que no coincidía con la necropsia oficial, realizada por la fiscalía.
Ante esa situación, el padre de Debanhi, Mario Escobar, exigió la renuncia del fiscal y el inicio de una investigación, para conocer quién había filtrado la información.
También se empezaron a señalar numerosas inconsistencias en el caso. Mientras las investigaciones de la fiscalía apuntaban a un accidente, la familia insistió en la hipótesis de un feminicidio.
A casi seis meses de la desaparición de Debanhi no hay un solo imputado, ya que el caso fue considerado un feminicidio, por una segunda necropsia que señala que la joven estuvo viva varios días después de su desaparición y murió por asfixia.
El pasado 19 de septiembre, don Mario Escobar entregó un escrito ante el Congreso de Nuevo León, para solicitar la destitución o renuncia del Fiscal y que se abra una carpeta de investigación, por las omisiones, negligencias y probables delitos en los que incurrieron durante las labores de búsqueda y relacionadas con las investigaciones del caso de la desaparición y homicidio de su hija.
El caso Fernanda
El domingo 3 de abril desapareció la joven María Fernanda Contreras en Apodaca, Nuevo León. Su cuerpo fue encontrado el 9 de abril en un domicilio que desde el día 4 su familia había señalado como el lugar donde se encontraba el celular de la joven, de acuerdo con la información de una aplicación de rastreo.
Sin embargo, la fiscalía cateó el lugar hasta cinco días después, donde encontró a la joven sin vida, lo que le valió fuertes críticas.
El caso Yolanda
Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, desapareció el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza. Su cuerpo fue encontrado el 8 de mayo en un baldío en el municipio de Juárez.
Tres días después la fiscalía informó que se trató de un suicidio y dio como pruebas un vaso de unicel que tenía escrita la frase “Te amo negrito, ya me voy, márcame”, seguido de un número telefónico. La familia descartó la hipótesis de la fiscalía.
En este marco, el gobernador Samuel García, a través de un video, llamó al fiscal a atender a la familia de la joven y dijo: “ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos legaloides para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad”.
En respuesta, el fiscal dijo que la justicia no se politiza y llamó al gobernador a respetar la Constitución.
Dos meses después, el 25 de julio, José Gerardo Martínez informó que la Fiscalía había descartado como prueba el vaso porque se determinó que “no corresponden al caso”, pues la letra de los textos no es la de Yolanda y se inició investigación como feminicidio.
También señaló inconsistencias en la investigación de la fiscalía.
En agosto pasado, don José Gerardo acusó que la Fiscalía General de Justicia del Estado pretendía que se cansara y se olvidara del caso, por lo que pidió que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación del homicidio de su hija. Este caso permanece impune y sin avances reportados.
