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Son casi un millón de jóvenes con discapacidad que no pudieron terminar su preparatoria en tiempo o que necesitan trabajar y por eso no pueden asistir presencialmente a la escuela, quienes se podrían quedar sin educación por la desaparición del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No Escolarizada y Mixta.
A través de la modalidad de educación no escolarizada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) atiende a 344 mil 936 jóvenes, mientras que en educación especial hay 621 mil 628; sin embargo, su enseñanza está en riesgo con la desaparición del fondo.
Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la dependencia federal tiene 22 fideicomisos susceptibles de desaparecer por no contar con una estructura, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de abril.
El documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena la desaparición de los fideicomisos sin estructura en la administración federal, entre ellos se encuentra el Fideicomiso Bachillerato General en sus Modalidades No Escolarizada y Mixta, el cual tiene una disponibilidad presupuestal de 144.9 millones de pesos.
Desde abril, profesores de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) recibieron un correo electrónico en el que les advirtieron sobre la desaparición del fideicomiso, situación que fue confirmada el pasado 22 de mayo a través de un nuevo mensaje.
Maestros explican que hay pocas opciones educativas para personas con discapacidad.
Respecto al decreto del 2 de abril, “las autoridades educativas y de administración de la SEP argumentaron ante las autoridades hacendarias competentes para dar continuidad al fideicomiso; sin embargo, no fue factible su continuación.
“Se está trabajando en la organización para continuar con la prestación de los servicios educativos de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, [pero] a partir de este nuevo escenario, el cual en su momento se les dará a conocer”, señala el correo electrónico.
En una comunicación previa, las autoridades del fideicomiso reconocen la importancia del mismo para garantizar el acceso a la educación de sectores vulnerables y con rezago educativo y se compromete a hacer un esfuerzo para que a este instrumento se le considere dentro de los criterios de excepción del decreto.
En ese sentido, Paola Martínez Monrroy, apoyo académico del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) 4 y quien tiene una discapacidad visual, explica la importancia de estos lugares, los cuales dependen del fideicomiso para bachillerato no escolarizado y mixto, pues antes de que existieran, no había opciones educativas en este nivel para las personas que viven con algún tipo de discapacidad.
“Antes de que existiera esto había pocas instituciones donde uno pudiera cursar primaria y secundaria, no así la preparatoria. [Eso sucede] hasta que surge el programa CAED; [además], a la par apareció una esperanza para las personas con distintas discapacidades, no se limitó a una, dos o tres, y nos ofreció una oportunidad de salir adelante”, comenta.
Paola lamenta que las autoridades educativas no hicieran el suficiente esfuerzo para evitar la eliminación del fideicomiso, puesto que en el sistema escolarizado no hay un programa que le dé oportunidades de desarrollo a personas con condiciones especiales.
“La SEP pudo haber hecho más ante Hacienda para evitar que desapareciera el gideicomiso. Podemos ver que no fue así, no le interesó, no le dio importancia. Al desaparecer el fideicomiso, no sólo se desaparece éste, sino un enorme esfuerzo que se ha creado durante años y en el que poco a poco y con muchos esfuerzos se han visto sus resultados”, destaca.
Con la modalidad de educación no escolarizada, la SEP atiende a 344 mil 936 jóvenes, mientras que en educación especial hay 621 mil 628.
Los maestros explicaron que la desaparición del fondo podría representar la desaparición de los CAED y otros programas del sistema no escolarizado, pues se dejarían de pagar los sueldos del personal académico y administrativo, que es vital para el buen funcionamiento de este tipo de educación.
Denise Guadalupe Gutiérrez Castillo, profesora del CAED 6, reconoce que las autoridades traten de no endeudar al país para hacer frente al Covid-19, pero pide revisar a fondo cuáles serán los fideicomisos que se extinguirán para este fin.
“Están tratando de no endeudar al país, pero no se están dando cuenta sobre todas las personas que está afectando esta situación del fideicomiso, todo por no investigar antes a qué se destinaban los recursos y de ahí determinar cuáles son factibles de desaparecer”, asegura.
Agrega que con esta decisión del gobierno quedarían en vilo los sueldos de maestros, de las personas que elaboran los reactivos, las que empaquetan los exámenes, personal de limpieza, de inscripción, de ventanillas, de cursos en línea, entre otros.
“Se supone que este gobierno está a favor de la educación y la SEP pudo haber argumentado ante Hacienda por qué no está a favor de desaparecer el fideicomiso, sobre todo porque tiene personas que por alguna situación no pueden cursar un bachillerato escolarizado, ya sea por trabajo o economía, así como estudiantes con discapacidad”, comenta Denise Gutiérrez.
Al respecto, Dagoberto Ramírez Cuevas, asesor del CAED 1, pide a las autoridades replantearse la posibilidad de eliminar el fondo, pues de él dependen muchas personas que se ganan la vida honestamente.
“Puede ser comprensible que el actual gobierno esté en contra de la corrupción y que muchas de sus acciones estén encaminadas a desaparecer los malos manejos de recursos, pero lo que no es comprensible es que quiera extinguir los fideicomisos de los cuales dependen muchos de los servicios de prepa abierta, tanto a estudiantes con discapacidad como sin discapacidad.
“De este fideicomiso también depende el ingreso de muchas personas que trabajan de forma honesta”, asegura.
