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Durante la construcción de la barda perimetral y la ejecución de obras pluviales en el cancelado aeropuerto de Texcoco, proyecto emblema del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a 45 empresas fantasma que recibieron mil 778.8 millones de pesos para proveer bienes e insumos.
En 2015, 2016 y 2017, durante la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Sedena firmó convenios con el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por administración directa, un modelo previsto en la ley de obras que permite a las dependencias realizar trabajos entre ellas sin recurrir a procesos de licitación con particulares.
Tras la firma de los acuerdos, la Sedena asumió la responsabilidad de los trabajos asignados y para cumplirlos tuvo que contratar a cientos de empresas privadas para que le ayudaran.
Estos contratos la Sedena los asignó por adjudicación directa e invitación a tres personas (físicas o morales), argumentando que si optaba por la licitación pública no le sería posible obtener los bienes o servicios en el tiempo marcado para la construcción.
En otros casos explicó que, al tratarse de adquisiciones con fines exclusivamente militares, su contratación mediante licitación pondría en riesgo la seguridad nacional.
El modelo de contratación por administración directa utilizado en el NAIM es el mismo que la Sedena usó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para realizar 851 obras.
Los antecedentes de la Sedena en la ejecución de obra pública bajo este modelo no han sido los mejores. EL UNIVERSAL documentó en diciembre pasado, con el reportaje Obras públicas, el oscuro negocio de la Sedena, que los proyectos se caracterizaron por la opacidad y el uso de empresas fantasma.
Empresas fachada
En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a 284 contratos que la Sedena entregó vía ley de transparencia, se encontró que 117 de ellos fueron asignados a 45 empresas que comparten una serie de irregularidades.
En 13 de las compañías contratadas los supuestos dueños son prestanombres que trabajan de veladores, albañiles, estilistas, policías o son beneficiarios de programas de subsidios al campo, vivienda o educación.
En Aradam Construcciones, una empresa que recibió cerca de un millón de pesos por suministrar concreto para la construcción de la barda perimetral en el NAIM, uno de los accionistas es Efrén Sánchez Garibay, un policía de Chiapas. Cuando se firmó el contrato, Sánchez Garibay ganaba 6 mil 172 pesos mensuales como policía raso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y informó que no poseía bienes inmuebles, empresas, coches o joyas, según su declaración patrimonial. Se corroboró que se trataba de la misma persona al cotejar el RFC presentado en su declaración con los datos en el acta constitutiva de la empresa.
También asentó que su único ingreso es el de policía y que no tiene cuentas bancarias ni remuneraciones extras por actividad comercial o industrial ni por arrendamientos.
