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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) detectó corrupción y malos manejos en el otorgamiento de certificados médicos necesarios para que los conductores de todos los modos de transporte público federal puedan demostrar que están aptos física y sicológicamente para realizar su trabajo, y obtener o renovar una licencia federal y con ello conducir tráiler, aviones, trenes y barcos, entre otros.
La venta fuera del sistema mediante el otorgamiento del certificado para eludir sobre todo exámenes toxicológicos o con menor costo venía siendo otorgado por 218 clínicas de terceros subrogadas por la SCT, las cuales atendían a 93% de los solicitantes, lo que representaba para la dependencia fuga de recursos y seguridad de los usuarios en los diferentes modos de transporte, pues en muchas ocasiones los conductores no están aptos para realizar ese trabajo.
La corrupción puede extenderse también a las 49 clínicas que la SCT opera en los diferentes estados de la República, de acuerdo con el diagnostico de la dependencia.
Para obtener el certificado que avala su buen estado de salud, un conductor de transporte público federal tenía que pagar, hasta diciembre del año pasado, mil 771 pesos, de acuerdo con la tarifa establecida por Comunicaciones y Transportes.
Información de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT (DGPMPT) obtenida por EL UNIVERSAL, muestra que en esas condiciones se tomó la determinación de “revocar los permisos a las clínicas subrogadas” que en 2018 concentraron 333 mil exámenes sicofísicos integrales, con un costo de 588.5 millones de pesos.
Las clínicas propiedad de la SCT participaron con 24.3 mil exámenes, con un costo aproximado a los 44.2 millones de pesos.
Ya no darán documento
La alta incidencia del otorgamiento de certificados fuera del sistema —dato que está clasificado como reservado— obligó al gobierno de la 4T y autoridades de Comunicaciones y Transportes a atender 100% de la demanda de servicios clínicos en sus propias unidades médicas a partir de 2020, lo que significa que
terceros ya no podrán otorgar este documento.
Es decir, a partir del próximo año, la SCT deberá atender en sus propias clínicas a un millón 219 mil 277 usuarios, operadores de los diferentes modos de transporte, los cuales requieren servicios de exámenes médicos, en el entendido que seguirá creciendo la demanda, pues en 2024 tendrá que realizar 348.7 mil exámenes médicos integrales, 1.8 millones de exámenes médicos en operación, 65 mil exámenes toxicológicos y 1.9 millones de exámenes médico en operación.
En julio de 2019, Ricardo Neri Vela, titular de la DGPMPT dio a conocer que se realizó un diagnóstico de este sistema a través de auditorías médicas a terceros autorizados y trabajadores, y “se descubrió una red de corrupción de la autoridad y malas prácticas, lo que dio paso al proceso de revocación de permisos a clínicas subrogadas”.
El programa de terceros autorizados, que se venía manejando hasta la administración pasada estuvo a cargo de José Valente Aguilar Zínzer, bajo el argumento de que la SCT no tenía la capacidad suficiente para realizar exámenes sicofísicos integrales y toxicológicos al personal que interviene en la operación, conducción o auxilio en los cuatro modos de transporte público federal.
El funcionario detalló que dicho programa dio paso a malas prácticas como cobrar una tarifa menor a la establecida en las unidades médicas de la SCT, ya que los privados no estaban obligados a fiscalizar esas ganancias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que provocó que algunos de ellos no lo vieran como el factor que puede garantizar seguridad en las vías generales de comunicación, sino como un negocio.
De acuerdo con información de la propia dependencia, el periodo de 2011 a 2018 se realizaron un promedio de 263 mil 781 exámenes sicofísicos integrales, de los cuales las clínicas de la SCT atendieron 7% y las clínicas con permiso atendieron el restante 93%.
En 2018 se realizaron 357.3 mil exámenes de este tipo, de los cuales las clínicas de la SCT atendieron 24.7 mil exámenes y se estima que en 2020 deberán hacerlo en por lo menos 328 mil exámenes, lo que significa un incremento de mil 227%.
“Hubo corrupción del lado de la autoridad y la corrupción por el lado de algunos terceros que vieron un nicho de mercado y un gran negocio porque no iban a pagar impuestos, se iban a quedar con todo el producto de ese servicio”, aseguró Neri Vela.
