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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no sabe cuántos niños habitan en los Centros de Asistencia Social (CAS) del país, conocidos como casas hogar, ni tampoco cuántas de éstas operan en las entidades.
Comunicación Social de la institución a nivel nacional aseguró que esto se debe a que algunos DIF estatales son manejados por gobiernos locales, los cuales —a su vez— carecen de un censo.
En México, nadie sabe con exactitud estas cifras. Recientemente, el DIF inició un Registro Nacional de CAS para conocer las condiciones en las que operan y la población que los habita.
En datos abiertos del DIF nacional hay un avance con corte en el mes de julio, donde se tiene información de 95 CAS, ubicados en los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, que suman 2 mil 227 habitantes. De los otros 23 estados del país aún se desconoce su situación.
La cifra más aproximada a la realidad se encuentra en un censo del Inegi hecho en 2015, el cual indica que hay alrededor de 33 mil niños, niñas y adolescentes viviendo en un esquema de Cuidado Residencial dentro de los CAS, conocidos comúnmente como casas hogar.
En la Ciudad de México la situación no es muy diferente: la titular del DIF local, Esthela Damián, señala que también trabajan en un censo para conocer cuántos niños tienen a su cuidado. Lo mismo ocurre con las adopciones, pues no hay cifras precisas de cuántos menores se reintegraron a una familia.
Vía transparencia, se solicitó el recuento de adopciones en los últimos ocho años al DIF-CDMX y al Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJ-CDMX), instituciones encargadas del proceso.
El DIF local respondió que se lograron 144 adopciones, mientras que el TSJ-CDMX hizo una ampliación del plazo de respuesta.
Sin embargo, en datos abiertos de su portal de estadística se puede encontrar que de 2012 a 2016 concretó 438 adopciones. En ese mismo periodo el DIF únicamente reporta 105.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Dora Giusti, jefa de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, explicó que “la falta de datos claros es porque no hay lineamientos homologados entre el DIF nacional y sus similares estatales”. Menciona que en este rezago de información también están involucradas las procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes locales.
Considera que el desconocimiento general sobre este tema daña principalmente a los menores que viven en casas hogar, ya que son vulnerables a ser víctimas de diferentes delitos.
También resalta que el hecho de que un niño viva en un CAS no significa que puede ser adoptado inmediatamente por cualquier persona. Casi todos los NNA en cuidado residencial tienen una familia, pero están bajo custodia de las autoridades.
“Es algo comprobado a nivel internacional, la mayoría de los niños que están en un CAS no son huérfanos. Son menores que fueron separados de su familia por violencia o negligencia. En años pasados, también por pobreza. [Internarlos] fue la respuesta del Estado”, indica Dora Giusti.
A los menores que habitan en casas hogar se les denomina “institucionalizados”. Antes de que puedan ser candidatos a una posible adopción, las diferentes instancias de los DIF estatales, a través de sus procuradurías de protección a la infancia, deben “liberar” al menor de sus padres mediante un juicio de pérdida de patria potestad.
Sin embargo, para llegar a esta acción, es necesario que en primer lugar exista una denuncia que amerite que la autoridad judicial y del DIF tomen al niño en resguardo.
Luego se abre una carpeta de investigación para determinar que la familia del menor representa un riesgo para él, ya sea por cuestión de abuso, abandono, violencia u otras causas, convirtiéndolo así en “cuerpo de algún delito”.
Mientras eso ocurre, los niños son institucionalizados en algún CAS según su perfil. Por ejemplo, hay casas hogar de asistencia privada especializadas en atender únicamente a varones, otras a menores con discapacidad o víctimas de abuso sexual.
Entre el resguardo del niño, la investigación de los hechos, la resolución de un juez, la pérdida de patria potestad y el aval para que el niño sea candidato a adopción, pueden pasar varios años. Incluso, hay múltiples casos en los que los menores cumplen la mayoría de edad dentro de los CAS.
Esta situación reduce potencialmente las posibilidades de que un niño pueda ser adoptado, ya que la mayoría de personas que buscan ser padres por esta vía buscan principalmente bebés o menores de ocho años de edad.
Lo anterior está ligado a que la población tiene una idea errónea de lo que es la adopción, de acuerdo con Dora Giusti, en la cual las familias son quienes “escogen” al niño que quieren, cuando el DIF debería ser el que asigne a un candidato de acuerdo al perfil de los solicitantes: “La adopción es para proteger al niño, para restituir su derecho a la familia, pero hay que balancear las cosas y no se trata de que sean los papás los que decidan a qué niño van a adoptar”.
La recomendación de UNICEF para evitar que los niños pasen tiempo en un CAS es la implementación de nuevos modelos de cuidado, implementados en países como Estados Unidos, Bélgica, Malta, Holanda, Suecia, Irlanda o Luxemburgo, donde se procura que la institucionalización sea la última opción.
Por ejemplo, menciona a las familias de acogida, donde el menor es llevado a un hogar temporal previamente certificado mientras las autoridades buscan un destino definitivo.
