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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con mayoría calificada de 318 votos, reformas a los artículos 116 y 127 constitucionales mediante las cuales los funcionarios de organismos autónomos y de todos los estados del país deberán topar sus percepciones al salario presidencial.
La votación fue de 318 votos en favor, con 12 en contra y 99 abstenciones, éstas de las bancadas de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que reclaman que con las reformas constitucionales se dio la vuelta a la orden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio en mayo pasado a la Cámara de Diputados para que estableciera “parámetros objetivos” para establecer cuál debe ser el salario del titular del Ejecutivo Federal.
La discusión inició con una moción suspensiva planteada por la diputada del PRI, Claudia Pastor, para que la Cámara primero acatara esa orden judicial antes de proceder a la reforma constitucional.
“Nos toca decir cómo, cuándo, por qué y en qué nos basamos para fijar una remuneración” y no puede modificarse la Constitución para evadir el cumplimiento de una orden de la SCJN, dijo.
“Está en riesgo la división de poderes”, alertó la priista, pero su moción fue rechazada.
Tras un debate de poco más de tres horas, las bancadas de oposición se reservaron todos los párrafos de los dos artículos sujetos a reforma, y uno de los 3 artículos transitorios, reservas que en este momento comenzarán a discutirse.
En el debate prácticamente todas las bancadas, Morena, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano comenzaron a perfilar un acuerdo para incluir, en los transitorios, la obligación de concretar reformas reglamentarias para establecer el órgano técnico que realizará los estudios para definir los parámetros para fijar las remuneraciones de los servidores públicos.
