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Tras una serie de ataques armados y amenazas del crimen organizado en contra de policías estatales y custodios del Sistema Penitenciario, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo emitió un decreto para otorgar protección y medidas de seguridad a los oficiales y a sus familias.
La gravedad de los hechos y la alta probabilidad de que dichas amenazas “se actualicen” en agresiones que pongan en riesgo su libertad, vida o patrimonio, ha llevado a los elementos de Seguridad a cambiarse de domicilio de manera inmediata a fin de no ser localizados por los criminales, expuso.
La medida de protección, que consistente en apoyos económicos, entró en vigor este martes, luego de que varios oficiales fueran “levantados” en sus hogares y privados de la vida.
En 2021, grupos delictivos han asesinado a tiros a ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y lesionaron a tres más, entre ellos al director del Cereso Mil de Valle de Santiago.
El 18 de enero pasado una oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fue sacada a la fuerza de su vivienda y privada de la vida, en Irapuato, en tanto que el 31 de marzo extrajeron de su casa y mataron a un policía, en la comunidad Los Rodríguez, en Silao, y el 22 de abril, un hombre armado atacó al titular del Cereso Mil en el exterior de su domicilio, en la colonia León Moderno de la ciudad de León, cuando abordaba su vehículo para dirigirse al penal.
En el decreto número 89 publicado el lunes pasado en el Periódico Oficial del Estado, el mandatario puntualizó que la serie de ataques que han lanzado los grupos de crimen organizado tienen como objetivo intimidar a la autoridad para que deje de realizar sus labores.
“Lamentablemente, ha ocurrido que integrantes de los grupos del crimen organizado se han presentado en los domicilios de las y los elementos policiales, lo que constituye una amenaza y un riesgo mayor de pérdida de vida, no sólo para éstos, sino también para las personas que conforman su núcleo familiar y con quienes cohabitan”.
En el decreto autorizó a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado a efectuar las erogaciones para que se puedan sufragar los gastos que se generen para la protección a dichos elementos, como consecuencia de haber recibido amenazas constantes o ataques directos realizados por grupos del crimen organizado.
Una comisión dictaminadora, que constituirán el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, integrantes del Consejo de Honor y Justicia y un representante de la Secretaría de Finanzas, realizará el dictamen sobre la procedencia, modalidad y duración de las erogaciones para policías de las FSPE y custodios que han sido objeto de ataques.
Expuso que los servidores públicos actúan en cumplimiento de su deber y arriesgan la vida en la lucha por conseguir y conservar la tranquilidad y seguridad de la población, por ello se les debe apoyar no solo con remuneraciones dignas por su labor, sino también implementando acciones tendientes a asegurar la vida e integridad física y el patrimonio de ellos y sus familias.
