Guadalajara.— Durante los 10 meses que lleva la actual administración, en el estado han desaparecido casi 2 mil personas, por lo que el número de casos llegó a 8 mil 173, reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la presentación de la segunda etapa de la estrategia para combatir ese delito.

“Podemos decir que en lo que va de esta administración son mil 951 personas pendientes de localizar que fueron denunciadas, esta es la realidad en la que estamos, sin maquillaje, sin disfraces, este es el tamaño del reto que tenemos como sociedad”, dijo.

El mandatario local señaló que, en promedio, cada mes se reciben 410 denuncias de personas desaparecidas y durante estos últimos 10 meses se han presentado 4 mil 104 por desapariciones.

“Mil 951 están pendientes de localizar y 2 mil 153 son personas ya localizadas (…) Estamos arriba de 52%; mil 920 fueron halladas con vida, afortunadamente, y 233 fueron localizadas sin vida”, precisó.

En la presentación, familiares de desaparecidos reclamaron al mandatario que aún haya agentes del Ministerio Público —sobre todo en la región Valles— que se rehúsen a recibir de inmediato las denuncias al exigir que hayan pasado 72 horas desde la última vez que se tuvo contacto con la persona reportada.

Además, señalaron que hay policías investigadores que minimizan el problema e incluso se burlan de quienes buscan, diciendo que su familiar anda de fiesta, por lo que pidieron al gobernador su intervención en estos casos.

“Los ministerios públicos continúan dejando sobre las familias la responsabilidad de buscar cuando las mandan a hacer búsqueda a hospitales, por poner un ejemplo”, dijo Esperanza Chávez, miembro del Colectivo Por Amor a Ellos.

Denunció que, constantemente, el coordinador del gabinete de Seguridad del gobierno local, Macedonio Tamez Guajardo, criminaliza a las víctimas señalando que muchas de las personas localizadas en fosas clandestinas tenían antecedentes penales, lo que no ayuda a confiar en las instituciones.

Reconoció que se incrementó el presupuesto para atender esta problemática, pero recordó que según la calendarización de la estrategia presentada en marzo, a estas alturas se tendría que estar entrando en la fase cuatro y no en la segunda.

Pidió al gobernador revisar las cifras del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, pues aunque se establece que hay 8 mil 173 personas pendientes de localizar, se hace una diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas, situación que contribuye a minimizar el problema al presumir que en la mayoría de los casos la desaparición no se relaciona con un delito.

Por su parte, Guadalupe Aguilar, del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), insistió en que a pesar de las buenas intenciones de la actual administración, sigue habiendo funcionarios insensibles y pasivos en la búsqueda de personas.

Ante los reclamos de las familias, tanto el gobernador como la fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, se comprometieron a investigar las malas actuaciones de agentes investigadores y del Ministerio Público.

Alfaro Ramírez, además, firmó las iniciativas para la creación de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, la Ley Estatal de Víctimas y la Ley Especial para la Declaración de Ausencia, las cuales serán enviadas al Congreso local para que los diputados las analicen.

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