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Héctor tenía seis años cuando extendió sus bracitos —con la piel quemada— y me preguntó: “¿Mamá, quién me hizo esto?”, platica Adriana Villegas, madre del menor y, añade, “hasta ahora no puedo contestarle, me gustaría (...) tener una respuesta para ellos, se la merecen y nos la merecemos”, exige.
Héctor es uno de los 24 niños que el 5 de junio de 2009 resultaron con quemaduras de segundo y tercer grados, hasta en 85% de su cuerpo, tras incendiarse la Guardería ABC —subrogada por elInstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— donde sus padres confiaban la seguridad de sus hijos, mientras trabajaban.
En el lugar se encontraban 176 niños de entre cinco meses y cinco años, así como 50 adultos. El saldo de la tragedia fue de 49 bebés muertos y 106 personas lesionadas, entre ellas, 24 menores graves.
A 10 años de la tragedia, los menores y sus padres siguen luchando para que se haga justicia.
Hasta ahora, dos de cuatro dueños de la estancia infantil han sido exonerados, un presunto responsable fue asesinado, hay cientos de amparos, investigaciones inconclusas y ni una persona detenida.
En entrevista con EL UNIVERSAL, los padres de cuatro menores rechazan la intención del gobierno de ofrecerles una disculpa pública por los daños, como lo anticipó en marzo pasado el entonces director del IMSS, Germán Martínez Cázares.
“A mí me da igual que ofrezcan una disculpa pública, no nos van a regresar todos esos años de caminar. El anuncio es conveniente, es [porque] ya viene el aniversario, el refuego político y muchos se abanderan de esto, que se aplique la Ley 5 de Junio... no necesito palabras”, acota con dureza la señora Villegas, madre de Héctor Robles, quien fue víctima del incendio.
Marisol Montaño, madre de Danna Paola Villarreal, se pregunta: “¿Cómo nos va a ofrecer disculpas [el presidente Andrés Manuel López Obrador], si ni siquiera nos ha recibido?”. Dice que, a través del abogado de un grupo de padres de las víctimas del incendio, se ha solicitado en dos ocasiones una entrevista con el Presidente y se les ha ignorado. “Eso se me hace ilógico”, expresa.
Heraclio Esquer, padre de Alejandra, expresa: “Una disculpa pública no la necesitamos, queremos soluciones, que responda quien tenga que responder por este crimen”.
Fabiola Lucero, madre de César, señala: “Una disculpa pública no sirve de nada porque todavía hay muchas cosas por pelear, como una pensión vitalicia para nuestros hijos, porque les arruinaron la vida y no sabemos si un día van a poderse desempeñar como profesionistas”.
Denuncian que, durante la transición del gobierno federal y al detectarse malos manejos de recursos, el IMSS les suspendió los servicios médicos y la atención subrogada.
En de febrero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió reactivar de manera inmediata dichos servicios de salud; sin embargo, no se han restablecido al 100%.
