Más Información
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) va por autonomía plena, presupuestal, operativa y de investigación, además de un marco legal actualizado para hacer realidad el combate efectivo a la delincuencia en la política y las elecciones, afirma su titular, Héctor Díaz Santana, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Propone al Senado legislar para que se sancione con prisión la corrupción política; de cuatro a ocho años por presentación de firmas simuladas para candidatos independientes (actualmente no es delito electoral) y la creación de juzgados y tribunales especializados en materia electoral.
Ante el inicio de una nueva época en México, en la que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido el fin del fraude electoral y la compra del voto, el fiscal propone campañas de reducción de delito, modelos de denuncia pública, poner penas a los ilícitos en la materia y avanzar a una nueva ética política, pues no hay comercio de sufragio sin ciudadanos que la admitan.
Refiere los rezagos de la FEPADE por ausencia de autonomía plena. No tiene mando sobre los 100 policías de investigación ni los seis peritos comisionados a la fiscalía, cuenta con pocos instrumentos científicos para trabajar en el nuevo modelo penal acusatorio, y en su presupuesto, sólo 3 millones de pesos son gasto efectivo para operar. Se suma un marco legal en el que no están tipificadas las conductas como delitos electorales.
¿Cómo recibió la fiscalía y cuál es su estado actual?
—Cuando recibimos la fiscalía, en diciembre pasado, teníamos 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas. La estrategia se concentró en tres sentidos: estar en condiciones de atender el proceso electoral, abatir el rezago y tener la casa lo más ordenado que se pueda.
En 1995, la FEPADE tenía una media entre 500 y 600 asuntos, ahora hay más conciencia pública y la gente denuncia más, este año recibimos 3 mil 700 denuncias por el proceso electoral. La fiscalía tenía que transitar a un método de investigación dentro del sistema de justicia penal adversarial para ser más eficiente.
¿Es en esta entrada al nuevo modelo de justicia que surgen las propuestas de reforma electoral en materia de delitos electorales?
—Sí, es por la experiencia del proceso electoral. Vemos que por una parte el Instituto Nacional Electoral (INE) presenta de manera cotidiana denuncias, pero no en todas hay tipo penal. Por ejemplo, en el tema de la presentación de firmas falsas por parte de candidatos independientes no hay un tipo penal específico. Se proponen hasta ocho años de cárcel.
La otra propuesta es de violencia y política de género, en los últimos años hemos recibido 200 denuncias.
En el tercer caso es que en el periodo de intercampañas se propone el tipo penal específico y sean considerados delitos la venta, coacción o presión al voto en ese lapso.
Estamos solicitando que en temas de corrupción política, entendida como utilización masiva de recurso público para campañas y uso masivo de programas sociales, financiamiento y gasto irregular, aumenten los castigos para que el delito sea grave y los implicados no tengan beneficios.
Nosotros, en materia de delitos electorales, recibimos una denuncia, si existe el tipo penal abrimos una carpeta de investigación y dependiendo del caso son las diligencias.
Por ejemplo, respecto a firmas falsas, el primer caso fue por 70 rúbricas y, aunque no había tipo penal, vimos que se había utilizado de manera irregular el padrón y por eso en dos meses logramos judicializarlo. Diferente es cuando hay miles de firmas alteradas. Requerimos un proceso más largo.
Sobre las 70 firmas los vinculados a proceso reconocieron la culpa, el juez suspendió provisionalmente el proceso por ser primodelincuente y no representar un riesgo social, pero se ordenó reparar el daño con una pequeña multa y trabajo comunitario.
En el caso de los cientos de miles de apoyos [para aspirantes independientes] aún se sigue investigando.
La necesidad de tipificar esas nuevas conductas ¿habla de que se perfecciona la manera de dar la vuelta a la ley y hay que enfrentarlo con sanciones más severas?
—En materia penal existe la proporcionalidad de las penas, según la falta es la sanción y en ese sentido, más de 95% de delitos no son de carácter grave. Pueden obtener la suspensión provisional o acceder a un juicio abreviado, y si las medias aritméticas de las sanciones no son mayores a cinco años, se otorga un beneficio y no van a la cárcel, por eso proponemos aumentar las penas no en todos los tipos penales, sino los más graves, para que no tengan suspensión provisional.
Es una vieja demanda de FEPADE más presupuesto, personal y elementos y no se ha hecho caso, ¿por qué prosperaría ahora?
—La vieja demanda siempre ha sido presupuesto, que representa sólo 1% de lo que juntos tienen el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El recurso asignado es de 181 millones de pesos, pero 150 se van en nómina y al ser un órgano casi centralizado, pues los ministerios públicos si tienen un caso en Tijuana deben viajar, por eso se van 8 millones al año en viáticos, entonces 3 millones para operar una elección federal es poco.
Pero además de esta demanda, hemos presentado al Senado este documento para comenzar a hablar de temas para una investigación eficaz.
Tenemos a 100 policías de investigación, pero no dependen orgánicamente de la fiscalía, sino que es personal comisionado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En el nuevo sistema de justicia la carga de la investigación recae en la policía en la materia, pero por las cargas de trabajo, al personal comisionado en FEPADE de repente se lo llevan a un operativo. La fiscalía no es su jefe inmediato y se puede perder la continuidad de una investigación.
Ahora, las pruebas deben ser científicas y éstas se obtienen de los peritajes, pero tenemos seis [peritos], que también son comisionados, y para 4 mil asuntos, requerimos más.
Además, en el Sistema de Justicia penal Acusatorio existen analistas de información que vienen de la mano de elementos o métodos inteligentes para la investigación científica, si queremos pesquisas efectivas.
También requerimos de mayor apoyo de otras áreas de carácter estratégico. Por ejemplo, si el INE investiga un caso sobre financiamiento ilícito de candidatos, si ven que puede haber un tipo penal nos dan vista de todo el expediente, pero a nosotros nos sirve sólo como referencia porque si la queremos hacer válida ante un tribunal necesariamente requerimos de orden judicial.
La propuesta es que la información del INE sea para nosotros suficiente para presentarlo como evidencia.
Es en esos temas fundamentales para la investigación que estamos insistiendo, porque es muy importante que la fiscalía tenga una muy buena legislación, pero también autonomía plena e instrumentos efectivos.
Si no hay estos instrumentos, ¿qué podría pasar?
—Buscamos que la FEPADE tenga herramientas para investigaciones de vanguardia y expeditas, por eso pedimos uno o dos juzgados especializados en materia penal electoral. Hoy, los juzgados ven casos de narcotráfico, delincuencia organizada, delitos fiscales, robo de combustible y si le llegan casos por compra de voto, alteración de padrón, condicionamiento de programas sociales, ellos dan prioridad a asuntos de alto impacto.
Con juzgados especializados se tendría criterio único y sería más rápida la procuración de justicia penal.
AMLO propuso elevar a delito grave el ilícito electoral y ha dicho que se acabará el fraude electoral y la corrupción, pareciera que no será necesario más recurso humano o monetario ni diseño legislativo en torno a la FEPADE.
—Se ha comprobado que el aumento de penas no muchas veces es efectivo para bajar la impunidad. Para disminuir las denuncias por delitos electorales necesitamos un plan integral: campañas de reducción de delito, modelos de denuncia pública, poner penas a los delitos electorales y nuevas formas de hacer política, y es necesario empezar a hablar de ética pública o política.
Tuvimos 3 mil 700 denuncias durante el proceso electoral en México y en Europa casi no se presentan casos, porque si existe un candidato que quiera comprar el voto tiene que haber un ciudadano que acepte.
Si el ciudadano se opone a la compra del voto, la reacción que vamos a tener es que serán mucho menos denuncias por delitos electoral, aquí lo óptimo es que no existieran, pero desde 2012 las denuncias se han mantenido, no han bajado ni han subido.
¿Le parece adecuado transitar al voto obligatorio como arma para terminar con la compra de éste?
—Es un referente importante que nos ayudaría a tener más participación pública, pero no está comprobado.
bft
