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El robo de identidad, problema que se manifiesta sobre todo en el sector financiero, así como la duplicidad y los padrones falsos de programas sociales, obligan al gobierno a considerar contar con la información biométrica de huellas digitales, rostro e iris de todos los mexicanos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) analiza adquirir licencias de un software especializado en esos tres datos biométricos y equipamiento para cumplir con el nivel de procesamiento y almacenamiento de información, arroja un informe clasificado como reservado y cuya fecha de desclasificación es el 29 de octubre de 2024, mismo que está en poder de EL UNIVERSAL.
Estos datos se vincularán a la Clave Única de Registro de Población (CURP) para conformar la base definitiva del Registro Nacional de Población (Renapo), pues la identidad de al menos 117 millones de mexicanos que no tienen registro biométrico está en riesgo “todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas”.
De acuerdo con previsiones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el inicio de 2020, en el país coexisten 127 millones 192 mil mexicanos.
La Segob señala que, hasta ahora, el Estado mexicano “nunca ha podido atender y hacer cumplir la ley, por lo que no ha podido brindarle a toda su población la certeza mínima y necesaria de que no le roben lo más importante que tiene después de la vida: su propia identidad”.
El documento también dice que se reconocen debilidades del sistema que acredita fehacientemente la identidad de las personas.
Por ejemplo, se dispone de información con “calidad deficiente por fallas en la captura, desactualización de las bases de datos, multiplicidad de errores de registros y carencia de uniformidad en la captación de datos por parte de las entidades registradoras”.
Además, detecta la falta de políticas y procesos estandarizados y homologados para la captación, por lo que frecuentemente se encuentran documentos con errores de origen o en la asignación de la CURP, malas prácticas en el tema registral y resistencia de ciertas dependencias a compartir información.
Asimismo, se enfrenta la falta de herramientas tecnológicas de validación de registro de personas, porque se trabaja con tecnologías obsoletas e inadecuadas.
La Secretaría de Gobernación estima que con los equipos solicitados, cuyo costo asciende a 600.7 millones de pesos, en el primer año puede obtener las identidades biométricas de 50 millones de mexicanos; en el segundo, 30 millones, y en el tercero, otros 20 millones.
