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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tiene lista la ley para cancelar bonos y compensaciones extraordinarias para todos los funcionarios públicos, legisladores, integrantes del Poder Judicial y los trabajadores de los órganos autónomos.
El dictamen, que se pretende discutir el próximo martes y que proviene de las iniciativas que presentaron diputados de Morena, entre ellos Mario Delgado, también prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida o pensiones que no otorguen las leyes de seguridad social, así como seguros de ahorro para el trabajador, de separación individualizado o cajas de ahorro especiales.
El documento, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, cancela la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas o la compra de mobiliario de lujo, y elimina la adquisición de vehículos de lujo cuyo valor supere las 4 mil 343 unidades de medida.
Los empleados de alto mando y servidores públicos de confianza laborarán de lunes a viernes en un horario extraordinario y tienen prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas y se prohíbe convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes de contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes o inversionistas. Cancela la posibilidad de que cierren calles, detengan el tráfico, no respeten los semáforos o se estacionen en lugares prohibidos.
Este dictamen, que da vida a la Ley de Austeridad Republicana y cuenta con 39 artículos y cuatro transitorios, materializa el fin a las pensiones a los ex presidentes de la República, sus escoltas y prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, así como de separación individualizada o colectiva distintos a los establecidos en las leyes de seguridad social.
“Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales, diversas a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez”, describe el segundo párrafo del artículo 27.
Precisa que por lo que respecta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación en el ámbito de su competencia, conforme a sus atribuciones y dentro del espíritu de la austeridad republicana, determinará lo conducente.
Define que los ex titulares del Ejecutivo federal sólo tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que otorga el ISSSTE: “Se prohibe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, del mismo modo se hará respecto de la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal”, describe el dictamen.
Quedaría prohibida la adquisición de boletos para viajes en servicio de clase ejecutiva, primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte: “En las comisiones de los servidores públicos se observarán los principios de probidad, racionalidad y austeridad republicana, de conformidad con las disposiciones aplicables”.
Limita a tres asesores por dependencia o entidad, elimina las plazas con nivel de Dirección General Adjunta creadas a partir de 2001; limita la asignación de chofer exclusivamente a los secretarios de Estado o titulares de dependencia, así como a los subsecretarios, y limita la contratación de personal por honorarios.
Aeronaves.
La fracción V del artículo 17 define que se subastarán, por conducto del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la flotilla de aviones y helicópteros “no indispensables para el Poder Ejecutivo Federal. Se exceptuarán de esta medida los aviones y helicópteros destinados a actividades de seguridad, protección civil, y al traslado de enfermos”.
La ley, que aún falta que sea aprobada en comisiones y luego por el pleno de la Cámara de Diputados, pone supervisiones, pues el órgano encargado del control interno que corresponda en cada uno de los poderes de la Unión y en los órganos constitucionales autónomos evaluará las medidas de austeridad republicana en los ámbitos de su competencia y comunicará las necesidades que advierta.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentará los resultados de la evaluación de las medidas de austeridad republicana que periódicamente realice de conformidad con los lineamientos emitidos para que en el ámbito de su competencia se tomen las medidas que procedan.
La propuesta erradica los fideicomisos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos públicos en salud, educación, justicia, seguridad social, y seguridad pública: “Los recursos públicos federales que se obtengan de la extinción de los fideicomisos y otras figuras análogas previstas en el presente artículo, estarán destinados al pago de la deuda pública”.
Una parte importante de este documento es el combate a la corrupción, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública sean nulos de conformidad con el marco normativo.
“Los órganos encargados del control interno o de la fiscalización en cada ente público, iniciarán los procesos para sancionar a los responsables y resarcir el daño ocasionado de acuerdo con el marco normativo. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
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