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El 1 de junio los mexicanos podrán elegir entre más de 3 mil nombres a los responsables de velar por la justicia en el país para los siguientes seis años, como mínimo. Sus perfiles completos eran desconocidos, hasta ahora.
La Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de EL UNIVERSAL, junto a la Mesa Plus de esta casa editorial, creó la herramienta Lupa Judicial, con el objetivo de que los votantes conozcan a cada aspirante, desde sus grados académicos y experiencia laboral, hasta sus controversias de interés público registradas en medios de comunicación y redes sociales.
Un primer esbozo de la información nos muestra que alrededor de tres de cada 10 candidatos cuentan con un doctorado, por lo menos, en su historial académico. Las temáticas son similares sin importar el puesto por el que estén compitiendo: Derecho Penal y Procesal, Derechos Humanos, Ciencias Penales y Juicios Orales son algunos de los que encontramos.
Otro dato relevante es que de los 65 nombres que competirán para obtener un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en dos de cada cinco casos, es decir, 27 aspirantes, se encontró algún escándalo en medios de comunicación que coloca una interrogante sobre sus perfiles.
Algunos de estos son, por ejemplo, el de Paula María García Villegas, hija de Olga Sánchez Cordero, magistrada retirada. En febrero de 2025, el portal Animal Político aseguró que usó la misma tesis para obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM y un segundo título de licenciada en Economía por el ITAM. La aspirante dijo que “nunca se atrevería a venderse, corromperse o hacer un acto ilegal”.
El nombre de Ángel Mario García Guerra también salió a relucir, ya que fue el magistrado que en septiembre de 2016 determinó no vincular a proceso a Rodrigo Medina Mora, exgobernador de Nuevo León, acusado por peculado y daño patrimonial.
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En el caso de Luz María Zarza Delgado se encontraron notas periodísticas que hacen referencia a su función como abogada de la Universidad Autónoma del Estado de México cuando ocurrió el escándalo de la Estafa maestra.
También están las aspirantes Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes acudieron a la Cámara de Diputados para reunirse con miembros de Morena, pero negaron que se tratara de un acto anticipado de campaña, además de ser cuestionadas por su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ninguna de las listas se libra de tener algunos aspirantes con un pasado poco conocido, pero polémico.
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De las 38 candidaturas que existen para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal y será el responsable de sancionar a jueces, magistrados y ministros por faltas administrativas o conductas contrarias a la ley, en 13 se encontró alguna nota de interés público.
Por ejemplo, Juvenal Carbajal fue acusado en 2023, cuando era secretario de estudio y cuenta adscrito a la ministra Esquivel, de intentar imponer a su esposa Berenice Ramírez Jiménez como titular del Poder Judicial de Oaxaca, de acuerdo con la organización independiente de Abogados y Pasantes en Oaxaca.
Otro nombre que resalta es el de Celia Maya, magistrada en retiro y aspirante a un puesto dentro de este nuevo tribunal. Ha sido ampliamente relacionada con el gobierno de López Obrador y en noviembre de 2023, cuando fue nombrada consejera de la Judicatura Federal, aseguró que no por eso dejaría de recibir su pensión de más de 157 mil pesos mensuales, ya que era su derecho, y tampoco abandonaría su militancia en Morena.
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En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el mayor órgano jurisdiccional en materia electoral en México, encargado de resolver controversias sobre comicios federales y locales, se encontraron reportes periodísticos en los que alrededor de 40 aspirantes son referidos por mal uso de fondos, cuestionamientos a su imparcialidad por su cercanía con Morena e incluso por ser parte de redes de protección de personajes como Kamel Nacif.
Respecto a los Tribunales Colegiados de Distrito destaca que se hallaron publicaciones en las que a algunos de los candidatos los relacionaron con casos de violencia intrafamiliar o fueron acusados de llegar por “padrinazgos”. También aparecen aspirantes que fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura debido a la “ineptitud” en sus resoluciones.
¿Cómo lo hicimos?
Durante más de tres meses se trabajó en una herramienta que lograra mostrar un panorama más completo de quiénes son estos personajes.
Se diseñó una metodología con la que se estableció una base de datos con más de 20 variables para cada candidato, pero el gran dilema siempre fue ¿de dónde obtenemos la información?
Un equipo formado por seis periodistas realizó búsquedas durante más de mes y medio en cerca de una veintena de sitios de información pública de los gobiernos federal y estatales.
Ese fue el principal reto para construir esta plataforma, ya que, a pesar de que alrededor de 70% de los aspirantes son funcionarios públicos, por lo menos hasta finales de 2024 la información estaba a cuentagotas y dispersa.
Incluso en casos en que pertenecen a alguno de los órganos del Poder Judicial, sitios como el del Consejo de la Judicatura Federal arrojan información fechada hasta 2022 en cuanto a declaraciones patrimoniales, por lo que se recurrió a la Plataforma Nacional de Transparencia para tener datos más actualizados.
También nos encontramos con portales de transparencia como el del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California que, hasta junio de 2024, aseguraba no contar con ninguna información pública, ya que “el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aún no determinaba los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses”.
En la herramienta Lupa Judicial podrás filtrar por elementos clave como, nivel de escolaridad o años de experiencia; buscarlos por entidad de residencia y explorar los perfiles a detalle de cada uno de los aspirantes a la primera elección del Poder Judicial en México.
