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El grupo de médicos, adscritos al sector Salud del Gobierno capitalino, que alteró más de mil 800 certificados de defunción de víctimas que murieron a consecuencia del Covid-19, lo que se reflejó en un subregistro de 10% de la mortandad a causa del virus, alteraron también varias muertes luego del sismo del 19 de septiembre de 2017; la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local indaga toda una red, que incluye funerarias funcionarios y embalsamadores clandestinos.
Los primeros avances en la indagatoria, ordenada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apunta a que los certificados de defunción alterados por los médicos, luego del terremoto, los vendían a familias que pagaban de entre 3 mil y 5 mil pesos, para que pudieran cobrar diferentes tipos de seguros u obtener apoyos de la administración capitalina.
Bajo esta modalidad, se investiga la expedición de por lo menos 100 certificados de defunción en alcaldías como Tlalpan, Cuauhtémoc, Xochimilco y Coyoacán.
Se sabe que operaron en contubernio con diferentes funerarias, pues uno de los médicos involucrados, Irwing Baruxh “N”, es dueño de Embalsamadora Servicios Integrales, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, lugar de donde se pudieron haber expedido las actas en aquellos años.
Dicha empresa está en la mira de las autoridades, ya que de este lugar se expidieron 120 certificados de defunción durante el mes de abril y 53 más del 3 al 17 de mayo; es decir, en plena contingencia sanitaria por coronavirus, donde están implicados ocho de los 12 médicos, actualmente relacionados por la modificación de estos documentos en la emergencia sanitaria por Covid-19.
El expediente por la alteración de actas de defunción en 2017 fue retomado por la fiscalía capitalina para avanzar en la indagatoria CI-FICUH/CUH-8/UI-1S/D/00051/ 06-2020, por el subregistro de muertes por Covid-19, expediente en poder de EL UNIVERSAL.
Los médicos de ambas indagatorias tienen otras carpetas de investigación en su contra, abiertas el 19 de junio y 6 de julio de ese mismo año. Además de las abiertas el 19 de julio, 23 de agosto, 5 de septiembre y en octubre de 2018.
Modus operandi
Las funerarias implicadas llamaban a los médicos y vía telefónica contactaban a los familiares, quienes daban datos generales del occiso.
Con los datos proporcionados se adelantaban a llenar los certificados, colocaban una causa aleatoria de muerte, así como las horas que llevaban de fallecidos. Según los médicos, en pocas ocasiones acudían a ver los cuerpos.
No sólo eso, los peritajes de la FGJ arrojaron que los médicos expidieron los certificados con datos incoherentes, como constatar muertes en una misma hora pero en alcaldías diferentes, lo que dejó de manifiesto las irregularidades.
Además, al revisar las causas de la muerte encontraron diagnósticos que no debían causar la muerte de una persona y que, sin embargo, las asentaron como principal causa de fallecimiento.
