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Por tercer año consecutivo México volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 que elabora Transparencia Internacional. Según un estudio del organismo que fue presentado anoche en Berlín, Alemania, el país pasó del lugar 135 (que obtuvo en la medición 2017) al lugar 138 de 180 países.
El país obtuvo 28 puntos en la escala de cero a 100 del IPC 2018, en la que cero significa el peor evaluado, lo cual lo coloca en los últimos lugares entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ello, por debajo de naciones como Grecia o Hungría, “que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica, indicó el organismo.
“En la región, México presenta también resultados poco halagüeños: Chile, por ejemplo, lo aventaja por 111 lugares, y Argentina, otro estado federado, por 53. México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática”, señala el análisis.
Al hacer una revisión de los últimos seis informes de Transparencia Internacional, México registró mayores niveles de corrupción en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En el IPC 2017, México cayó 12 lugares al pasar del 123 al 135 y obtuvo una calificación de 29 en una escala de cero a 100. En 2016, descendió 28 posiciones con respecto al registro de 2015, que lo ubicó en el lugar número 95 entre los países evaluados.
En 2014 el país se encontraba en el lugar 90 de 168 países y en el sitio 34 con la peor puntuación de las naciones de la OCDE, mientras que en 2013 y 2012 se ubicó en la posición 106 de 177 en el IPC, con una calificación de 34 puntos, lo que lo ubicaba junto a Argentina, Gabón y Níger.
Tendencia a la baja.
México continúa su tendencia a la baja, ubicándose entre países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano, y aunque Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia descendieron un punto en el IPC 2018, se mantienen como los menos corruptos del mundo.
Detalla que, en América Latina, México presenta resultados poco alentadores: se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala (sitio 144) y Nicaragua (152).
La organización Transparencia Mexicana realizó un análisis sobre la política anticorrupción en el país e identificó que la mayoría de las medidas adoptadas son de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces.
“En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción en México conducen a la sanción, la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas”, señaló.
Advirtió que prácticamente en ningún caso relacionado con la corrupción, la República ha logrado desmantelar las redes detectadas en esos ilícitos ni las que les han brindado protección política.
“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario”, dijo Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
La falta de sanción y los resultados en recuperación de activos son lamentables. La ONG mexicana analizó los resultados de la Convención Anticohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999, y desde ese año y hasta la fecha se inició un número limitado de investigaciones y en ninguno de ellas se prosiguió a la sanción.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca que de las mil 702 auditorías de la Administración Pública Federal, practicadas en 2016, 353 resultaron en acciones judiciales y 16 resultaron en condena. Señala que a tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, éste no está plenamente integrado y no es funcional como sistema.
A esto se suma que siguen sin ser nombrados los titulares de las fiscalías especializadas en la corrupción, delitos electorales y derechos humanos, figuras clave en el control de la corrupción y sus efectos.
El nombramiento de jueces anticorrupción en materia administrativa también está pendiente y los estados tampoco han consolidado sus sistemas.
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