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Durante la segunda sesión del foro virtual “Avances y Retos a 5 años de la entrada en vigor de la LGTAIP”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales(Inai), especialistas coincidieron en que en estos tiempos de pandemia mundial, causada por el Covid-19, se ha visto reflejado que en el país no hay una cultura de transparencia consolidada.
La emisión estuvo moderada por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien reconoció el papel fundamental que tienen los organismos de la sociedad civil como observatorios de las políticas de transparencia, sobre todo en esta etapa de crisis sanitaria.
Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, indicó que la ley general de transparencia provino de la reforma al Artículo 6to de la Constitución y lo que se pretendía era una articulación institucional, social y normativa en lo referente a la producción de información fundamental para rendición de cuentas.
Esto, agregó Morales Canales, implicaba la aprobación de una triada normativa en materia de archivos, protección de datos personales y de acceso a la información, que aún no se encuentra totalmente armonizada en todas las entidades del país.
En esta contingencia, indica, una preocupación de muchos sectores de la sociedad es la transparencia en compras de insumos para atender la crisis sanitaria en gobiernos de todos los niveles, pues de cada cuatro contratos, tres se asignan por adjudicación directa.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que desde una visión global la transparencia está viendo retrocesos y más en esta pandemia, pues se ve una acción lenta y burocrática de las autoridades en mucho países.
“Debemos revitalizar la agenda de transparencia y sus conexiones con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNT)”, propuso el director de Transparencia Mexicana
Bohórquez indicó que no se debe olvidar que estudios y análisis en materia de transparencia presupuestal colocaban a los gobiernos de Javier Duarte, Borge y Medina, y otros gobernadores corruptos, en las mejores evaluaciones e índices, aunque luego se destapó las redes de empresas fantasma con las que hacían contratos indebidos con sus gobiernos.
Agregó que tanto autoridades, órganos garantes y sociedad organizada, tiene que tomar desafíos como hacerse cargo de los niveles de desigualdad y articular las demandas de movimientos sociales, como el feminismo, y la materia de transparencia.
En tanto, Leticia Bonifaz Alfonso, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la transparencia no sólo se debe ligar a combate a la corrupción sino al ejercicio de derechos como la salud.
La jurista señaló que en estos últimos cinco años, tras la aprobación de la ley general, no estamos en el mismo nivel de transparencia, pues depende del sector es el nivel de transparencia, se ve también en las entidades y no excluye a los órganos garantes.
Por otra parte, Julieta del Río Venegas, comisionada del órgano garante de Zacatecas, dijo que “la ley general de transparencia vino a incorporar una mayor capacidad tecnológica, entre ellos mecanismo novedosos como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como en materia de gobierno abierto”.
