CUERNAVACA, Mor.- La Policía de Investigación Criminal detuvo a una mujer por presuntamente someter y obligar a una menor de edad, de origen guatemalteco, a prostituirse por más de un año en distintos puntos del país. La víctima era objeto de vejaciones y de ataques con instrumentos de descarga eléctrica para doblegar su voluntad.

La Fiscalía General del Estado informó que al integrar la carpeta de investigación correspondiente, la Fiscalía Regional Metropolitana logró la vinculación a proceso contra Griselda “N”, por el delito de trata de personas cometido en contra de la menor de edad.

El origen del caso se remite a noviembre del año de 2018 en el municipio de Mérida, Estado de Yucatán, donde Griselda “N” contactó a una menor de 16 años de Guatemala, dedicada a la venta de congeladas.

Griselda, dice la Fiscalía, convenció a la menor de acudir a su domicilio en donde operaba un negocio tipo Spa ubicado en la Colonia Gran Santa Fe Norte, en Mérida, y le ofreció un servicio sin costo y a partir de ese momento comenzó a hacerle llamadas telefónicas para que acudiera a su negocio con la promesa de consumir sus productos.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, le ofreció a la menor trabajo limpiando su domicilio y cuidando de sus dos menores hijos, incluso viviendo en el mismo domicilio lo que finalmente aceptó la menor.

A partir de enero y en repetidas ocasiones Griselda le propuso a la menor víctima tomarle fotografías con vestidos y maquillajes que ella misma le proporcionó, realizando varias sesiones para tal fin, pero a su vez la menor víctima era golpeada y amenazada con avisar a las autoridades migratorias si no colaboraba.

Derivado de las agresiones físicas y psicológicas, dice la FGE, la menor de edad fue obligada a viajar a la Ciudad de México donde mantuvo relaciones sexuales en varias ocasiones en distintos hoteles de la capital.

Las investigaciones de la FGE indican que a partir de mayo de 2019, Griselda viajó con la menor víctima a la Ciudad de Cuernavaca y la obligó a continuar en sesiones fotográficas con contenido erótico diciéndole que las venderían a distintas personas, y al mismo tiempo era forzada a mantener relaciones sexuales, infringiéndole lesiones en las piernas con agujas y con máquina de descargas eléctricas.

La investigación arroja que desde mayo y hasta octubre de este año Griselda mantuvo a la menor en la Ciudad de Cuernavaca y le siguió tomando fotografías además de obligarla a mantener relaciones sexuales pero el 9 de octubre le propuso hacer un trío sexual.

Ante la negativa de la menor,  la atacó con una máquina de descargas eléctricas pero la víctima logró despojarla del instrumento y la tiró por una ventana, y ante los gritos de amenaza de la agresora, acudió el gerente del hotel en compañía de efectivos policiales, ante quienes señaló que la menor se encontraba de manera ilegal en el país.

La adolescente fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y posteriormente ante el Ministerio Público especializado en Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía Regional Metropolitana, en donde se atendió a la menor y al integrar la carpeta de investigación, se obtuvo de un Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal, adscritos al área de delitos sexuales y trata de personas, lograron la ubicación y detención de Griselda “N” de 44 años de edad, sobre la carretera federal Cuernavaca-México, a la altura del Poblado de Santa María Ahuacatitlán, de Cuernavaca, misma que quedó a disposición del juez al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, ubicado en el Poblado de Atlalcoloaya, perteneciente al Municipio de Xochitepec.

En audiencia realizada, el juez de la causa valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía Regional Metropolitana, encontrando elementos suficientes para vincular a proceso a Griselda “N” por el delito de trata de personas y concediendo dos meses para el cierre de investigación complementaria, haciendo prevalecer la prisión preventiva como medida cautelar.

En tanto a la menor víctima se le brindan los mecanismos de atención y protección que corresponden, para continuar con el procedimiento judicial en contra de su agresora para posteriormente establecer su situación ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

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