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En su conferencia de medios de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin pregunta de por medio, dijo que los “intelectuales orgánicos” no le van a quitar su “derecho a la palabra”, luego de que el jueves pasado se difundiera un desplegado firmado por 650 integrantes de la comunidad científica y cultural en la que señalaron que la libertad de expresión “está bajo asedio en México” y que con ello, “está amenazada la democracia”.
Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en el desplegado difundido el jueves lo señalaron de utilizar un “discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios”, y que con ello se “agravia” a la sociedad, se “degrada” el lenguaje público y “rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”.
“(Los intelectuales) usaron un término (en el desplegado), dijeron que ‘estoy degradando’ la tribuna presidencial. No quieren que yo hable así, imagínense, si nos querían quitar cuando luchábamos por la transformación, hasta el derecho a la esperanza y no pudieron, mucho menos ahora me van quitar el derecho a la palabra, a decir lo que siento”, declaró el Presidente.
El primer mandatario agregó que antes los “intelectuales orgánicos” decían que era importante el debate y cuestionó el por qué cambiaron de parecer cuando es “importantísimo” debatir.
En el documento, la comunidad cultural y científica señaló que “no se alimenta el rencor desde esa tribuna (presidencial), sin que el odio llegue al río alguna vez”; sin embargo, el Presidente dijo que no odia:
“Yo practico el amor al prójimo, si yo odiara, no podría vivir, no podría gobernar. Es importante el debate, porque antes era el monopolio de la discusión pública. Ahora es muy evidente que estos intelectuales se manifiestan y su manifiesto aparece en todos los medios y dicen que no hay libertad”.
Indicó que el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) también tiene libertad para manifestarse; sin embargo, dijo que ayer se publicó una carta firmada por más de 30 mil personas en la que le contestan a los “intelectuales orgánicos”, aunque ese documento no fue ampliamente difundido.
“El grupo que encabeza Enrique Krauze y (Héctor) Aguilar Camín eran los jefes durante todo el periodo neoliberal, porque además de sus empresas editoriales, tenían mucha influencia en el gobierno y acomodaban a sus cercanos en universidades, en centros de investigación. Eran padrinos en el mundo intelectual”.
Al considerar que no fue publicada la carta en la que lo apoyan y para “equilibrar”, pidió que se leyeran ambas cartas durante su conferencia, bajo el argumento de que “es importante” para que la gente esté informada.
Después de la indicación, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, leyó ambas cartas, “En defensa de la libertad de expresión”, publicada el jueves por la comunidad científica y cultural, y “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, que fue difundida ayer.
En su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador también declaró que Héctor Aguilar Camín es un escritor que “hacía novelas y artículos para favorecer al régimen”, e incluso recordó su libro Morir en el Golfo, “que hizo para retratar a La Quina, en la época de Carlos Salinas”, con crónicas del periodista Miguel Reyes Razo.
A continuación la carta que han firmado miles de ciudadanos en respuesta al desplegado "En defensa de la libertad de expresión".
Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra*
El jueves 17 de septiembre un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores, divulgaron un documento titulado “En defensa de la libertad de expresión”, en el que sostienen que ésta se encuentra “bajo asedio” en nuestro país y que con ello “está amenazada la democracia”. Critican el discurso presidencial porque “estigmatiza”, “difama”, “agravia a la sociedad”, “degrada el lenguaje público”, “rebaja la tribuna presidencial”, “profiere juicios y propala falsedades” y “siembra odio y división” en México. Acusan, además, que tras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador “han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes”.
Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado porque, según ellos, “ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo” y “el dolor de las víctimas por la violencia”, “ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas”.
La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de marras niega de manera contundente su principal aserto: que la libertad de expresión está “bajo asedio”. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas.
Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a la empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco “amagos judiciales” a “medios y publicaciones independientes” sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones.
Otro tanto puede decirse de organizaciones “ciudadanas” que eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscara la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a las pretendida “lesión presupuestal” a organismos autónomos”, el escrito hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población.
Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores –fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que “el odio llegue al río”; una vez más exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y de su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aun así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer.
En suma, la supuesta “defensa de la libertad de expresión” alegada por los firmantes del documento de marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos; sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del gobierno de México; sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen a perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder.
Ante quienes operaron como privatizadores de la palabra, celebramos y defendemos con toda convicción la irrestricta libertad de expresión y el estado de derecho que el Ejecutivo federal impulsa en el país. Tras décadas de criminalidad gubernamental, éstos que eran anhelos empiezan a convertirse en realidad. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca.
