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De acuerdo con el documento del plan, dentro del punto que habla sobre emprender la construcción de la paz, se precisa que ante la imposibilidad de derrotar a diversas expresiones criminales por medios policiales y militares, “resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas, y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores”.
El plan detalla que se podrían ofrecer reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, proponiéndoles un cambio de vida.
En un apartado del plan, habla de poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados. Destaca que en México, esos grupos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial.
“Es necesario, pues, poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño. El perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones” señala el planteamiento.
Algunos de los ofrecimientos del próximo gobierno a criminales para que deje delinquir, sería un aumento en la esperanza de vida, ya que los integrantes de las organizaciones al margen de la ley suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.
En segundo lugar, detalla el documento, propone la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la probabilidad de que encabecen negocios legales y regulares, y en cuarto, alcanzar la respetabilidad social.
“A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, tanto de infractores como de elementos de las corporaciones de seguridad policiales y militares, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, indica.
El plan también contiene un apartado para recuperar el control de los penales de las mafias que se “enseñorean” en ellos, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la prisión no sea un doble castigo para las mujeres, y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos.
bft
