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Mientras el Presidente utiliza de manera perversa los órganos de seguridad del Estado: Centro de Inteligencia Nacional, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera —no se descarta el uso de la inteligencia policiaca y militar—, para sus intereses personales y partidistas: perseguir a sus enemigos; “doblar” a sus oponentes (“Amlito”, los nueve senadores del PRI y dos del PRD, para avanzar en la militarización del país); consolidar el PRImor, de cara al 2024, y romper la unidad opositora; diversos actores políticos han encontrado su talón de Aquiles en las filtraciones.
Frente a los reiterados “no somos iguales” o “yo tengo un escudo protector que es mi honestidad”, las filtraciones exhiben su incongruente moralidad, la de sus familiares y de sus colaboradores más cercanos.
Las bombas mediáticas iniciaron con los videos de Gustavo Ponce, secretario de finanzas del gobierno capitalino, apostando en un casino de Las Vegas; y, de René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero del contratista Carlos Ahumada.
Cuando utilizó la posibilidad de encarcelar a Enrique Peña Nieto, como distractor político, “Peña Nieto Productions” presentó, a través de Latinus, a sus hermanos Pío y Martín recibiendo dinero en su nombre; los contratos de su prima Felipa en Pemex y el desfalco de una de sus cuñadas en Macuspana. También se filtró el anuncio de que se publicaría el video grabado en pasillos de Palacio Nacional donde Peña y López Obrador establecieron el pacto de impunidad vigente, y que AMLO niega.
Todo mundo entendió que a pesar de la vehemencia de su discurso de toma de posesión en lo referente a que no dudaría en castigar a sus familiares y cercanos que cometieran actos de corrupción, todo quedó en el lugar común, en la acostumbrada retórica de la impunidad: “no me temblará la mano; caiga quien caiga; con todo el peso de la ley…”.
La estafa maestra de Peña Nieto quedó superada en este gobierno con Segalmex (antes Conasupo), donde puso a su amigo Ignacio Ovalle y en la que se estima un desfalcó por más de 11 mil millones de pesos, a través de convenios irregulares con personas ligadas a Movimiento Ciudadano, contratos a empresas fantasma, desarrollos inmobiliarios de lujo, etc.
Pero 2022 ha sido especialmente fecundo en escándalos de corrupción: la publicación del informe de Ayotzinapa, sin testar, por la periodista Peniley Ramírez, evidenció el cínico manejo mediático de esta tragedia para beneficio del presidente; el periodista Héctor de Mauleón evidenció los nexos de Américo Villarreal, entonces candidato de Morena —hoy gobernador de Tamaulipas— con miembros de la delincuencia organizada, quienes financiaron su campaña, así como la desaparición de dos militares de marina que acompañaban al senador José Narro, y un dinero del que nada se sabe.
El caso del hackeo de 6 teras de información a la Sedena, por el grupo “Las guacamayas”, evidenció la vulnerabilidad de la principal institución de seguridad nacional del país.
Las denuncias golpeaban de rebote al presidente, hasta la aparición del libro “El Rey del cash”, de Elena Chávez, esposa por 18 años de su más cercano colaborador César Yáñez, quien desvela la incógnita ¿de qué vivió AMLO sin trabajar durante 12 años?
El sello de este libro es exhibir la inmoralidad de Andrés Manuel y sus cercanos, además de mostrar una buena parte de las incongruencias del presidente de la República. Ante ello, se ve disminuido su escudo protector.
