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El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (SNT), a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental, hizo un pronunciamiento referente a la pérdida de documentos en dependencias públicas vinculadas a actos de corrupción y delitos de trascendencia social.
En su denuncia destaca el incendio, ocurrido en enero pasado, de dos contenedores pertenecientes al Instituto Jalisciense de Asistencia Social que resguardaban información relativa a mil 200 denuncias sobre robo de vehículos y autopartes en los corralones que estaban bajo su custodia durante 2018.
Por otra parte, la Secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desconoce dónde quedó la información de convenios suscritos por la dependencia por un monto de 185 millones de pesos; la Fiscalía General de la República (FGR) declaró que el expediente integrado en 2013 de la exlideresa Elba Esther Gordillo está “perdido” y la Fiscalía General del Estado de Morelos, confesó que parte de las pruebas del asesinato del activista Samir Flores no son localizadas.
Otro caso, que levantó indignación entre la comunidad universitaria, fue el envío de parte del acervo documental de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que contenían valiosas piezas del Siglo XIX, a una recicladora de papel.
Los representantes de los órganos garantes de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz hacen un llamado a entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno obligadas por la Ley General de Archivos (LGA) a gestionar y preservar la documentación que producen derivada de sus funciones y atribuciones.
Los denunciantes aseguran que aunque la LGA entrará en vigor en junio próximo, los documentos que se generan en las dependencias están protegidos jurídicamente por otras leyes como la Ley Federal de Archivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aseguran que los archivos son la memoria histórica del país y piden a la autoridades se investigue a fondo las circunstancias de los siniestros perpetrados, así como la pérdida y extravío de información relevante para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos.
Señalan que la entidades están obligadas a documentar todo acto que realicen en el ejercicio de sus facultades, así como a resguardar la información, pues es el mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la verdad a los pueblos.
