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Oliver Ocampo Martínez no olvida que hace seis años, él y 14 personas más fueron expulsados a punta de pistola de Pueblo Viejo, agencia municipal de San Francisco del Mar, por no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y votar, en esa ocasión, por el Partido de Unidad Popular (PUP).
Desde entonces anda errante y no recibe ni justicia ni reparación, a pesar de haber interpuesto su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Oliver recuerda que todo comenzó el 14 de noviembre de 2013, cuando el agente municipal de esta comunidad ikoots (huave), Homero Salinas, un cacique priista, no aceptó que un grupo de ciudadanos simpatizaran con el naciente PUP, por lo que incurrió en hostigamiento, violencia, decomiso de bienes y suspensión de servicios.
Finalmente, en asamblea los acusó de no realizar el tequio comunitario por pertenecer a una religión protestante. Por unanimidad se expulsó a los 15 habitantes.
Desde entonces, los desplazados vivieron por un tiempo en la cabecera municipal, Pueblo Nuevo, bajo la protección del presidente municipal del PUP, Leonel Gómez. Allí comenzaron de cero, porque en Pueblo Viejo dejaron animales y propiedades.
Seis años después, Oliver Ocampo Martínez no ha visto justicia para su familia y sus vecinos, por lo que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las autoridades de Pueblo Viejo, por el delito de desplazamiento forzado interno por violencia política.
En el oficio dirigido a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, solicitó que la Primera Visitaduría General ejerza la facultad de atracción, ya que esta queja se interpuso originalmente ante la Defensoría de Oaxaca.
¿Cuántos desplazados?
La semana pasada el Congreso de Oaxaca aprobó reformar el artículo 16 de la Constitución Política de Oaxaca, para garantizar “la inclusión de la protección de los derechos humanos de personas desplazadas”.
De acuerdo con los diputados, la modificación estipula que el Estado tiene la obligación de tutelar los servicios elementales para el desarrollo humano de las personas indígenas que, por algún motivo, se encuentran desplazadas.
“La ley preverá medidas urgentes de salud, alimentación, justicia, educación, vivienda, asistencia social y todos aquellos satisfactores que garanticen la protección a sus derechos humanos, especialmente en el caso de ser desplazados”, apunta la reforma.
Según el dictamen, desde hace años en Oaxaca el desplazamiento de población indígena ha tenido lugar por diversas causas; sin embargo, no se encuentra incorporado en el orden jurídico local y “no hay cifras sobre las personas internamente desplazadas”.
Reconstruir su vida
La queja de Olivier Ocampo Martínez está dirigida en contra del exagente municipal, debido a que “el 14 de noviembre de 2013 me expulsó de la comunidad a mí y a mis padres, Margot Martínez Gómez y Carlos Norberto Ocampo Andrés, y a mis hermanos Rosario, Obdulia y Marilú”.
Junto con la familia Ocampo Martínez fueron desplazadas otras nueve personas por motivos políticos.
Consultada por EL UNIVERSAL, la Defensoría asegura que mantiene abierto el expediente con folio DDHPO/1427/(10)/OAX/2019 por “presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades de Pueblo Viejo”.
El órgano dice que solicitó un informe a la autoridad municipal y su colaboración para que “de manera urgente” garantice a Oliver y a los otros la libertad de tránsito y residencia en su comunidad y les permita reincorporarse.
También solicitó a la fiscalía y a las secretarías General de Gobierno (Segego) y de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) su actuación “de forma inmediata” para que a los afectados les sean restituidos sus derechos, “en el contexto de los sistemas normativos indígenas”.
En respuesta, señala que el presidente municipal de San Francisco del Mar, Juan Carlos Vargas, se pronunció por establecer una mesa de trabajo con las víctimas, para que puedan analizar la problemática que enfrentan y encontrar “las soluciones más viables y justas”.
Pero lo que los desplazados piden es que se les den las facilidades para reactivar sus actividades en el lugar donde actualmente radican.
