Más Información
Un total de 645 escoltas y 95 vehículos que cuidaban y estaban asignados a distintos ex servidores públicos y actuales funcionarios de gobierno en Chiapas fueron reasignados y recuperados a labores institucionales, anunció el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
La madrugada del pasado 31 de diciembre, el Congreso del estado aprobó la derogación de los decretos 358 (publicado en el gobierno de Juan Sabines Guerrero) y 223 que disponían de guardia y custodia para funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal.
Con su eliminación, la entidad tendrá un ahorro mensual de 6 millones de pesos, que al año se traducirá en más de 70 millones de pesos, indicó Escandón Cadenas.
El mandatario morenista no reveló los nombres de los ex servidores que ostentaban el servicio de guarda pagado por el erario estatal, aunque destacó que con la eliminación de los decretos los agentes y los vehículos han sido reconcentrados a sus labores.
De acuerdo con el mandatario, la resignación policíaca se atiende no sólo la política de austeridad y de eliminación de privilegios, “sino también la demanda social de devolver a los policías a las calles para que verdaderamente estén al servicio de la ciudadanía”.
El pasado 14 de diciembre, EL UNIVERSAL dio a conocer que el gobierno de Manuel Velasco Coello (PVEM) se dejó establecido en el decreto 223 que al terminar su mandato pudiera contar con un equipo de seguridad para su protección personal por un período de 15 años después de dejar el cargo “por los servicios prestados al Estado”.
Un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que no debe haber privilegios para los servidores públicos, aunque aclaró que era un asunto que le corresponde al gobierno libre y soberano de Chiapas; en tanto, el gobernador Rutilio Escandón anunció que enviaría una iniciativa al congreso para terminar con las escoltas a ex funcionarios.
La Legislatura local derogó la madrugada del 31 de diciembre el decreto 358, -creado el 31 de octubre de 2009 por el gobierno de Juan Sabines Guerrero-, que establecía el servicio de escoltas a ex gobernadores por 10 años; al entonces Procurador General de Justicia del Estado, por cinco años, y a los ex titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Función Pública, por un período igual al que durara su función como servidor público, en su último encargo.
También, los legisladores derogaron el decreto 223 -emitido el 12 de julio de 2017-, que proporcionaba escoltas al ex gobernador y al ex Fiscal General del Estado hasta por 15 años tras concluir su administración.
Para los titulares del Poder Judicial del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el decreto fijaba que los escoltas serían por un período igual al que durara su función como servidor público en el último cargo.
bft
