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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Un aserradero clandestino que comercializaba maderas preciosas fue desarticulado en la reserva forestal Cerro Brujo del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, donde este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE) recuperó mil 27 hectáreas y detuvo a ocho presuntos integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente - Emiliano Zapata (MOCRI-EZ).
La superficie total desalojada se encuentra en el kilómetro 29, de la carretera Ocozocoautla de Espinosa - Villaflores. Permanecía invadida desde febrero de 2014, y se extiende en 18 predios particulares, entre ellos los de la reserva ambiental de 56 hectáreas.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó en rueda de prensa que en el operativo de desalojo participaron más de mil agentes de seguridad que en el predio de reserva localizaron 80 casas de madera que servían a los taladores de bosques como bodegas y centros de almacenamiento de herramientas y equipos de transporte con los cuales comercializaban los tablones de cedro y caoba.
Este es el operativo de recuperación de predios y de restitución de derecho de posesión a sus legales propietarios más importante, porque se trata de la séptima reserva natural protegida, "un pulmón de Chiapas", aseguró el funcionario estatal.
"No había enseres domésticos en el interior de las casas; es decir no se les daba uso habitacional, lo ocupaban para talar madera, al respecto se dio vista a la Fiscalía Ambiental para realizar el recuento de daños y se proceda por la comisión del delito de ecocidio ", indicó el titular de la Fiscalía General.
Las 56 hectáreas de Cerro Brujo alberga 250 especies de fauna, 11 de ellas en peligro de extinción, 33 amenazadas y 28 protegidas según la norma ambiental 059.
Los invasores mantenían tres barricadas en la entrada de los predios, que les servía como centro de control estratégico y de observación para cometer sus actividades ilícitas, incluso días antes, según denunció el ayuntamiento local, trataron de incendiar los predios con la quema de pastizales.
En esa zona, los presuntos integrantes de MOCRI-EZ, al parecer, mantenían un control del transporte público que recorre esas rutas, mediante protección a transportistas irregulares a quienes cobraban "derecho de piso" de 500 a mil pesos a quienes permitían usar en sus vehículos calcomanías de esa organización,abundó el fiscal.
Por los desalojos de predios están sujetos a proceso penal 120 personas, la mayoría de MOCRI-EZ, derivado de la recuperación de mil 795 hectáreas.
