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La Fiscalía General de la República (FGR) recuperó 2 mil millones de pesos provenientes de un presunto desvío de recursos del Infonavit a una empresa privada en la pasada administración y que ascendería a más de 5 mil millones de pesos.
El dinero, entregado ayer en la conferencia del Presidente, fue canalizado por el Mandatario al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los premios de la rifa del avión presidencial.
Fuentes federales confirmaron que los recursos se obtuvieron en el marco de las investigaciones que realiza la FGR —en las que participó la Unidad de Inteligencia Financiera— sobre un pago del Infonavit por más de 5 mil millones de pesos para la cancelación de un contrato con Telra Realty.
Esta cantidad fue pagada en 2017 porque la administración de Alejandro Murat decidió cancelar el contrato exclusivo del programa de Movilidad Hipotecaria.
El sucesor de Murat al frente del Infonavit, David Penchyna, propuso pagar a la empresa 5 mil 88 millones de pesos para evitar futuras demandas.
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, explicó que las investigaciones, derivadas de una denuncia presentada por el Ejecutivo federal, continúan, y que se puede disponer de ese dinero como parte de las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Los cambios establecen que la fiscalía puede disponer de dinero o bienes asegurados durante sus investigaciones antes de que se dicte sentencia y mediante la tramitación de un proceso de extinción de dominio.
“Los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito federal podrán destinarse a favor de las dependencias y entidades de la administración pública, de la FGR, así como de los gobiernos estatales y municipales, según lo determine el gabinete social de Presidencia para que se destinen al servicio público, en programas sociales u otras políticas prioritarias”, dice la reforma.
La ley establece que si al finalizar el asunto penal se determina no responsabilidad de los imputados y la devolución de lo asegurado, el Estado deberá hacerse cargo.
“En caso de restitución del bien sujeto al proceso de extinción de dominio ordenada por la autoridad judicial, cuando el bien haya sido vendido de manera anticipada, se pagará el producto de la venta más los productos, rendimientos, frutos y accesorios, menos los gastos de administración que correspondan”, indica el texto.
Gertz Manero informó que en materia penal lo más importante es la reparación del daño a las víctimas y que en este sentido el patrimonio del Estado mexicano ha sido saqueado.
Afirmó que una vez judicializado el asunto —del que no dio referencias ni detalles durante la conferencia en Palacio Nacional—, dará a conocer más detalles del caso del que derivó la recuperación de los 2 mil millones de pesos y confió en que en los próximos días la FGR podría entregar más dinero.
“Como la recuperación forma parte también de esta investigación, pues conforme vayamos, primero, obteniendo la recuperación, y segundo, haciendo todas las gestiones que sean necesarias para poder informar”, comentó.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que el dinero será utilizado para pagar los premios de la rifa del avión presidencial.
“Con lo que obtengamos de la venta de los cachitos nos va a alcanzar para la compra de equipos médicos. Esto es justicia”, dijo.
El Ejecutivo destacó que la entrega del dinero se trata de un acto inédito, pues antes no era posible disponer de los bienes asegurados a los supuestos delincuentes en proceso de investigación.
“No se recuperaba el dinero, incluso se devolvía a los delincuentes (…) Se hicieron modificaciones a la Constitución, [y ahora] es delito grave la corrupción, la facturación falsa para evadir impuestos.
“Hay un mecanismo que permite que la fiscalía pueda recuperar los fondos sustraídos ilegalmente, y mediante este procedimiento de extinción de dominio los presuntos delincuentes pueden devolver el dinero, es una especie de reparación de daño”, explicó.
En ese sentido, Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, informó que además de esta cantidad se tienen garantizados otros 2 mil millones de pesos del dinero administrado por el Indep asociados a otros procesos penales federales y que han sido entregados por la FGR y el Poder Judicial.
“Vemos si son bienes asegurados, en decomiso o si son abandonados. Una vez que los clasificamos, 30% son asegurados, 30% se destina a un fondo resarcitorio y si son bienes abandonados es 10%. Con eso nosotros generamos una cuenta única. Estos 2 mil [millones de pesos] ya son una disponibilidad neta”, detalló.
Adicionalmente, dijo, el instituto tiene otros 3 mil millones de pesos que se trabajan en una agenda común con la FGR y el Poder Judicial para clarificar si se trata de bienes asegurados, decomisados o si se declaran en abandono.
En extinción de dominio se tienen asegurados mil 500 millones de dólares y 661 millones de pesos, más 831 millones provenientes de recursos que son bienes convertidos a numerario.
Los saldos serán destinados a programas sociales y muchos de ellos, comentó el funcionario, provienen de cuentas muy antiguas que eran improductivos y ociosos, pues no se utilizaban.
