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El secuestro es un delito del que ni siquiera las autoridades saben qué pasa en realidad. En 2017 se abrieron mil 387 carpetas de investigación en el país, de acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); los especialistas discrepan de esto, calculan que anualmente secuestran a 10 mil ciudadanos.
Todavía hay una tercera cifra que es avasalladora: 81 mil 291 mexicanos contestaron que, en el último año, ellos o algún familiar fueron secuestrados, según lo revelado en la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representaría que todos los días ocurrieron 200 secuestros en calles de México.
La pregunta que hace el Inegi es clara: “Durante 2017, ¿algún integrante de este hogar, incluido usted, sufrió secuestro o secuestro exprés, para exigir dinero o bienes?”. De 2012 a 2017, 593 mil 316 mexicanos contestaron que sí. Es decir, se estima que cada año, en promedio, ocurrieron 98 mil 886 secuestros.
Estas aproximaciones, resultado de la Envipe, son el otro extremo de las apenas mil 400 carpetas de investigación que se abrieron anualmente en el país.
Sin cifras que muestren la realidad de lo que ocurre en México, las estrategias para combatir este delito son insuficientes.
Entre 2007 y 2008, el número de investigaciones reportadas por las autoridades se duplicaron, al pasar de 438 a 907, según los datos oficiales. Esta tendencia continuó al alza, hasta que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron mil 683 averiguaciones, la cifra más alta en los últimos dos sexenios.
Como un intento para frenar esto, el gobierno federal creó la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase); en su último año (2018) invirtieron 75.3 millones de pesos en la estrategia para combatir ese delito.
Pero los especialistas calculan que este crimen no muestra signos de ir a la baja. “Esto no es un fenómeno, es algo que va mutando, pero siempre va en aumento. Hasta ahora no he visto ninguna medida pública que impacte en su incidencia”, asegura Pablo Carstens, experto en negociaciones de secuestros desde hace 25 años.
La cifra negra es una de las principales barreras para que cualquier estrategia funcione. En 2018 se reportó que nueve de cada 10 secuestros en México no se denuncian. “No hay ninguna cifra creíble que te pueda presentar nadie. La mayoría no confía en la policía y, cuando eso pasa, terminan buscando a un contacto de alguien importante en el gobierno; algunos llegan con la policía federal, pero ellos no tienen jurisdicción en el fuero local, así que las cifras no se ven reflejadas”, explica el experto en negociaciones.
Además, los secuestrados suelen amenazar con que están trabajando con las autoridades y este tipo de amenazas tienen un efecto exponencial cuando no hay instituciones que logren contrarrestar esta estrategia, diceDavid Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad para México Evalúa.
Con el gobierno de Felipe Calderón este delito llegó a nuevos territorios. Mientras que a finales de 2006 eran Tlaxcala, Baja California, CDMX y Baja California Sur los estados con las tasas más altas de denuncia por cada 100 mil habitantes, en el último año del panista esta dinámica cambió y se fue a entidades como Morelos, Guerrero, Tamaulipas y Coahuila. Este delito tiene diferentes características dependiendo de la región, pero hasta ahora “no hay mucha información de las capacidades que tiene cada estado para reaccionar y evaluar sus capacidades de disuasión del delito”, dice Ramírez.
