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Xalapa.—La diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó ayer separar provisionalmente de sus funciones al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control de confianza exigidos en la ley para ocupar ese cargo.
En respuesta, el abogado indicó que dicha decisión constituye un delito federal y advirtió que interpondrá todos los recursos que permita la ley para impedir una ilegalidad.
De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que Winckler, amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, fuera separado del cargo.
Los diputados locales avalaron dejar como encargada de despacho a la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, cercana al titular de esa dependencia, Eric Cisneros.
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron como ilegal y violenta la decisión de Morena de destituir al fiscal estatal.
Por su parte, Jorge Winckler emitió un comunicado en el que indicó que “dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución estatal y de la Ley Orgánica de la Fiscalía (...) constituye un delito federal”.
Finalmente, señaló: “Hago responsable de mi integridad y la de mi familia al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al Presidente de la República”.
Sitian fiscalía. Tras la sesión del Congreso local, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tomaron las oficinas centrales de la Fiscalía General.
Decenas de agentes de la Policía Estatal rodearon las instalaciones del organismo autónomo e impidieron el acceso a cualquier persona, incluidos a los diputados locales panistas afines al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
En tanto, bajo la protección de elementos de la SSP y de la Guardia Nacional, Verónica Hernández Giadans tomó posesión de las instalaciones de la fiscalía.
Winckler Ortiz llegó a la Fiscalía General del Estado a finales de 2016, gracias a que el grupo político de Yunes Linares, bajo presiones, hizo renunciar al entonces abogado general, Luis Ángel Bravo Contreras.
