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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspender indefinidamente al magistrado federal, Jorge Arturo Camero Ocampo, del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México, por supuestamente registrar inconsistencias “graves” en sus finanzas.
Derivado de esas inconsistencias, el CJF inició una investigación contra el magistrado, quien ha conocido de recursos de quejas y revisión derivados de los amparos contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.
La resolución del CJF fue dada a conocer por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien rehusó dar el nombre del magistrado y detalles sobre las inconsistencias “graves” alegadas para suspenderlo.
“Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción, que he venido encabezando, el día de ayer, el pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del primer circuito, por inconsistencias graves en su situación financiera.
“Esta es una decisión de la mayor importancia, porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante, por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación”, indicó el ministro.
Fuentes federales confirmaron que el magistrado Camero Ocampo no había sido notificado de la resolución del CJF, por lo que participó de manera habitual en la sesión del tribunal colegiado.
Como integrante del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, Ocampo Camero ha conocido de asuntos como los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
En julio pasado, por unanimidad el tribunal concedió una suspensión provisional para frenar la obra y ordenó preservar los avances del aeropuerto de Texcoco.
En cambio, durante la sesión de ayer el colegiado analizó una solicitud del colectivo #NoMásDerroches para llevar uno de los 150 amparos contra Santa Lucía a la Corte. Los magistrados negaron la petición del colectivo y en otro amparo, también contra la construcción del aeropuerto, negaron la suspensión definitiva.
En febrero del año pasado, protagonizó un conflicto derivado de un caso de abuso por parte de la escuela Westhill Institute contra su hijo, menor de edad, a quien se le acusó de incurrir en conductas violentas e incluso agresiones sexuales en agravio de sus compañeros. Los padres de familia del colegio acusaron que el magistrado ejerció presiones e intimidación a la escuela por haber expulsado a su hijo por estas conductas.
El colegio es propiedad del empresario José María Riobóo, esposo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien desde marzo pasado llegó a la corte como parte de las designaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Medidas anticorrupción. El ministro Zaldívar anunció que el CJF acordó regular las readscripciones de jueces y magistrados para evitar conflictos de interés e investigar posibles actos de corrupción.
“A partir de mi llegada a la presidencia de la corte y, consecuentemente, del Consejo de la Judicatura Federal, hemos venido utilizando las readscripciones precisamente para ir rompiendo los conflictos de interés que se dan en ciertos tribunales y en ciertos circuitos por el nepotismo. Hay tribunales y hay circuitos que están realmente inundados por redes familiares, y esto genera no pocos conflictos de interés; hemos estado combatiendo esta práctica a través de las readscripciones y también nos han servido para romper redes de probable corrupción o donde tenemos sospechas de que hay corrupción”.
