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La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual plantea crear el marco jurídico para garantizar el control de la petrolera al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través del director general de la empresa.
Para ello, se propone otorgar prácticamente todas las facultades y poder a Octavio Romero Oropeza, titular de la petrolera, para fijar el rumbo y destino de la misma.
El proyecto de dictamen de 84 páginas, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, describe que a través de esa línea de mando ambos —el Presidente y el titular de Pemex— podrán dirigir, ejecutar, administrar y operar de manera integral a la empresa en materia de exploración, transformación y refinación.
En el rubro de contratos con particulares, la iniciativa describe que en el área de Asignación para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos se abre la posibilidad de que Pemex celebre directamente contratos de asociación con particulares, mediante lineamientos emitidos por las secretarías de Hacienda y Energía, de manera que se elimina la obligación de que el órgano regulador (la Comisión Nacional de Hidrocarburos) lleve a cabo el proceso de licitación para la búsqueda de socios.
El dictamen busca delimitar claramente las atribuciones del Consejo de Administración y del director, “porque lo que actualmente observa la ley diluye la responsabilidad en las líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y vigila, pero no que opera”.
Uno de los principales objetivos es alcanzar la capacidad de producir 80% de la gasolina que consumimos, “lo que blindaría al país y permitiría lograr la soberanía energética que el Ejecutivo federal plantea, al tiempo que disminuirían a 200 mil barriles diarios las importaciones, reduciendo así la balanza comercial negativa de hidrocarburos e incrementando la productividad de la industria nacional”.
Entre las líneas de acción de la iniciativa se prevé restarle poder al Consejo de Administración de Pemex, sobre todo en su participación en el diseño del plan de negocios, y que los futuros consejeros profesionales sean funcionarios públicos, porque son sujetos de responsabilidades, lo cual otorga certeza al ejercicio y confiabilidad en su desempeño.
En el documento se establece que se abre la puerta a la desintegración de las filiales para dar paso a una sola empresa, como operó en el pasado hasta antes de las reformas estructurales, facilitar la asociación o alianzas con las empresas que Pemex decida, sin pasar por la autorización de la CNH.
El documento, con fecha para su discusión el próximo 20 de febrero, que nace de la iniciativa que presentó la diputada Karla Yuritzi Almazán y suscrita por los legisladores de Morena, subraya que con este proyecto Pemex está obligado a maximizar la renta petrolera, “asegurando el máximo factor de recuperación de los hidrocarburos del Estado, garantizando la seguridad y soberanía energética para contribuir al desarrollo nacional, teniendo como referencia que es una empresa del Estado mexicano”.
De hecho, plantea que soberanía energética significa que “todos los recursos energéticos deben permanecer bajo la propiedad nacional, el control y la gestión del Estado”.
Facultades del director. Respecto al director de Pemex, el proyecto señala la necesidad de “fortalecer” sus facultades operativas y absorber funciones que actualmente le corresponden al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que llevan implícitas la toma de decisiones y la conducción de la petrolera, relativas a aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones y sus empresas productivas subsidiarias en torno a empleados de confianza.
Romero Oropeza será el encargado de implementar los planes y programas de la empresa productiva del Estado, así como de proponer al Consejo de Administración la organización y estructura corporativa de Petróleos Mexicanos que mejor convenga para la realización de su objeto y de definir el plan de negocios de Pemex y sus subsidiarias, así como sus modificaciones y actualizaciones.
En este sentido, prevé la posibilidad de actualizar el plan de negocios de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, ante la presencia de escenarios de crisis económicas, profundos cambios en el mercado petrolero internacional o cuando se contemple la realización de nuevos proyectos de gran magnitud, de mejora tecnológica, así como nuevas adquisiciones prioritarias, es decir, migrar de un esquema de plan de negocios rígido a uno flexible que responda a escenarios de emergencia nacional.
Detalla que en virtud de que la industria petrolera es un sector sumamente dinámico, requiere la toma de decisiones rápidas y oportunas que permitan el correcto desarrollo de la empresa y que se ejecuten en paralelo a la dinámica del mercado, “sin que ello signifique que las facultades de gobierno del Consejo de Administración se vean afectadas”.
Asimismo, determinará las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de la empresa, subsidiarias y filiales, y podrá fijar, así como ajustar los precios de los bienes y servicios que produzcan o presten.
También podrá establecer los criterios y lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios, donativos y donaciones, en efectivo o en especie, que realice Pemex, subsidiarias y filiales; además, las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen de las instalaciones industriales.
Consejo de Administración. La columna vertebral de Pemex se mantendrá igual con su Consejo de Administración y con participación de cinco consejeros independientes que “brindarán diversidad, experiencia y análisis multivariado a la administración, y velan por los intereses de los inversionistas y tenedores de bonos de Petróleos Mexicanos”.
Se pretende que los consejeros independientes sean servidores públicos federales, toda vez que son sujetos de responsabilidades, lo cual otorga certeza al ejercicio y confiabilidad en su desempeño y no podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados que impliquen directa o indirectamente conflicto de intereses que se puedan reflejar en actos de corrupción en perjuicio de la empresa y del país, en un plazo de 10 años.
La propuesta elimina el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones y el de Estrategia e Inversiones y Adquisiciones pasa a ser Comité de Inversiones, Adquisiciones, Obras y Servicios, integrados por consejeros independientes. Queda vigente el Comité de Auditoría, que estará integrado por tres consejeros.
Se modifica el mecanismo para la validez de las sesiones del Consejo de Administración, pues ahora con la presencia de sólo cinco consejeros, al menos uno independiente, se podrán tomar decisiones y se reduce el plazo de 20 a cinco días hábiles para las votaciones.
Los consejeros, siendo funcionarios públicos o independientes, serán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción y en la normativa aplicable, y se aumenta de cinco a 10 años, la posibilidad de sancionarlos con responsabilidad penal y podrán ser removidos, y en tanto no se resuelva su situación jurídica, no recibirán sus contraprestaciones.
La iniciativa señala que el director de Pemex tendrá carácter de invitado permanente con voz, pero sin voto, aunque el consejo “no podrá sesionar sin la presencia del director general, su suplente o, en su caso, la persona que el Ejecutivo nombre con el carácter de encargado de despacho”.
