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Al cumplir 18 años, Alberto decidió mudarse con su padre, luego de vivir con su madre tras el divorcio de sus progenitores. Residentes en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el joven vive con su padre y su pareja, Roberto, pero a pesar de que en su colonia están integrados a su comunidad, un problema legal con la madre de Alberto les ha mostrado el rostro de la intolerancia por ser una familia diversa, en una ciudad donde el pensamiento conservador no acaba de aceptar del todo a quienes tienen otra forma de ver la vida.
Los tres, Alberto hijo, Alberto padre, y Roberto (se identifican así para evitar más casos de discriminación) narran en compañía de activistas de la diversidad sexual en Querétaro su caso, quienes al conocerlo decidieron acompañarlos.
La vida para esta familia cambió cuando tuvieron que enfrentar el proceso legal para solicitar la reducción de la pensión alimenticia que daba Alberto a su ex esposa para la manutención de sus dos hijos, quienes vivían con ella. Sin embargo, cuando los jueces supieron que estaban frente a un matrimonio igualitario, el caso dio un giro.
“Desde el hecho de que dimos a conocer al licenciado León Flores Avitia, que es el juez que está llevando nuestro caso en el Juzgado de Oralidad Familiar [en Celaya], se vio que hubo mucha discriminación hacia nosotros por haberle presentado un acta de matrimonio donde teníamos un matrimonio igualitario. Se vio la discriminación desde el momento en el que él ofrece una sicóloga y textualmente dice en la primera audiencia que está dando a luz, y ofrece otra sicóloga y el juez se la acepta. Primero le dio tres días para poder justificar lo que decía, lo cual nunca sucedió.
“Obviamente me percaté de que lo que estaba diciendo era mentira, porque la sicóloga que ofreció como perito para que me pudiera hacer el estudio sicológico, para ver si era capaz y apto para que mi hijo estuviera conmigo y con mi pareja, trabaja en Salubridad. Era la sicóloga que nos estaba atendiendo cuando mi hijo sufrió un secuestro virtual, y me percato de que la sicóloga está embarazada, pero no dio a luz en la fecha que ella dijo, pero el juez lo aceptó, y querían que mi pareja se sometiera al mismo estudio sicológico, lo cual no se aceptó porque no estamos de acuerdo”, abundó.
Otra situación que se presentó en su caso es que mandaron a una trabajadora social a su domicilio, como perito de su ex esposa, quien, dice, a pesar de que se le atendió bien, incluso teniendo que pedir permiso en su trabajo, para recibirla. Sin embargo, el estudio se le entregó al juez con retraso y diciendo que él es una persona muy agresiva, que la trató muy mal con insultos, y alegó que como no terminó su trabajo, debe de acudir nuevamente a la casa, ahora acompañada de policías y un actuario, lo que autorizó el juez.
“Llegó el actuario con una patrulla con ocho policías y la trabajadora social, de nombre Mónica Martín Sandoval. En la colonia donde vivimos la gente nos acepta muy bien, nos respeta. Sin embargo, bajo esa circunstancia nos hace ver como criminales o delincuentes, lo cual no somos. Somos gente de bien, tenemos una profesión y la desempeñamos. Hemos dado a mi hijo ciertos principios que le han servido para su desarrollo, precisamente para que se conduzca con bien”, subraya.
Añade que él solicitó al juez que como en su casa acudió una trabajadora social, se lleve a cabo ese mismo proceso en la casa de su ex esposa, situación que se ha solicitado en seis ocasiones, mismas que se ha negado, por lo que la trabajadora social pidió una multa a la mamá de Alberto, pero el juez sólo dejó en vista la petición, sin que se concretara la multa.
De la misma manera, Alberto padre apunta que el juez solicitó información del salario de Roberto, lo cual rechazó, pues él, pese a ser su pareja, es una persona independiente al asunto legal por la pensión alimenticia, pues quienes están obligados a la manutención de Alberto son los padres.
“Sin embargo, fueron a su escuela. Comentaron que estaba casado en un matrimonio igualitario y eso en su escuela le ha costado ser sujeto a discriminación por parte de su director, a tal grado que le han descontado dinero de su quincena, porque en una ocasión se incapacitó, no pudo ir a dejar la incapacidad, la llevé al siguiente día y ya no me la querían recibir. Al final la reciben, pero le hacen un descuento de dos días, a pesar de que había una incapacidad de por medio”, precisa.
“Persiste intolerancia”. Alberto añade que en la sociedad de Guanajuato persisten la intolerancia y discriminación, a tal grado de que es muy “satanizada” la gente de la diversidad sexual, en parte por la educación y los prejuicios que existen, algo que como médico observa, pues a pesar de existir protocolos de atención sin discriminación, cuando se ostenta como homosexual o lesbiana la atención que reciben es distinta y lenta, incluso negándoles los servicios.
Roberto, quien está sentado a un lado de Alberto, escucha con atención lo que su pareja dice, hasta que se anima a hablar. Dice que donde viven es un sitio con mucha diversidad en el aspecto de que la mayoría de los vecinos no son originarios de Celaya, sino que vienen de otros estados donde la aceptación de las diferencias existe.
“Somos una familia normal en la cerrada. Vamos a fiestas, convivimos, salimos con ellos, entonces somos una familia igual que cualquiera familia. El detalle es afuera. Además de que la mamá de Alberto ha divulgado lo que pasa en su familia”, indica.
Agrega que esta situación les está afectando aún más, por lo que necesitan alzar la voz, porque considera que es una injusticia lo que les pasa.
Cambios a pensión alimentaria. La doctora en Derecho y docente de la Universidad de Londres, Lidia Aurora López, comenta que “la ley establece que se puede reducir la pensión alimenticia cuando cambian las posibilidades del deudor alimenticio y el acreedor alimenticio. Esto se realiza mediante una vía incidental, y lo que se hace es modificar la resolución del juez. La modificación se puede realizar todas las veces que sea necesario”.
La también abogada litigante pone como ejemplo que en caso de que el padre sea despedido de su trabajo, o cambia su ingreso, ya sea que aumente o disminuya, el juez tiene que considerar su capacidad económica.
Si el hijo también cambia sus necesidades, por ejemplo, se vuelve independiente económicamente, deja de estudiar y cumple la mayoría de edad, contrae matrimonio, incluso siendo menor de edad la necesidad de recibir pensión alimenticia también cambia.
“Vía judicial se puede cambiar las veces que sea necesario, desde un procedimiento incidental. El tiempo depende de la actividad que tenga el juzgado, pero podría tener un cambio dentro del incidente, como medida cautelar, por unos seis meses, dependiendo de la actividad judicial.
“Si es algo urgente, el juez tendría que resolver antes. Las legislaciones normalmente establecen un tiempo de 15 días para resolver, pero por la carga judicial que tienen se tardan más los jueces en resolver”, asevera.
Puntualiza que aunque cada estado establece diferentes procedimientos, también los incidentes, pero a nivel nacional existe una jurisprudencia que señala que se puede cambiar, siempre y cuando se cuide el interés superior del menor.
Mientras tanto, Alberto, su padre y Roberto, tienen que vivir esperando una resolución judicial que tarda en llegar, dicen, por los prejuicios contra la diversidad sexual.
