En el corazón de Querétaro capital, junto a las viejas vías del ferrocarril, se levanta una comunidad que, por más de 20 años, ha construido su hogar en vagones. Al menos son 50 familias de herederos de ferrocarrileros y trabajadores activos que viven justo frente a su fuente de trabajo; los trenes de carga que cruzan el estado.
Adaptados como viviendas, estos vagones han sido el refugio de decenas de familias que viven rodeadas de plantas y coches aparcados al costado y vagones. Pero hoy, ese pequeño refugio está bajo la amenaza de desalojo, poniendo en riesgo una historia forjada entre rieles por los herederos de los trabajadores de la extinta Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex).
Lupita Ponce es una de las residentes que ha hecho de este lugar su hogar durante 16 años. Su esposo, un trabajador activo del ferrocarril, conocido como garrotero, pasa los días formando trenes que se dirigen hacia otras ciudades o empresas.
“Vivimos aquí porque mi esposo ha trabajado en los trenes toda su vida, igual que mi suegro, que ya está jubilado de Nacionales. Para nosotros, esto es más que una casa, es nuestra vida”, explica Lupita.
Al igual que ella, muchas familias que habitan estos vagones, o pequeñas casas de madera, tienen una larga relación con el ferrocarril. La historia de esta comunidad está profundamente conectada con los trenes, siendo hogar de hijos, nietos y esposos de ferroviarios. Candy López, estudiante de derecho que también vive en uno de los vagones y asesora legalmente a sus vecinos, comenta: “Mi abuelo fue ferrocarrilero, mi papá también. Por eso seguimos aquí, porque toda nuestra familia ha estado vinculada al tren”.
Estos vagones, que alguna vez fueron usados para transportar carga y pasajeros, ahora son hogares bien adaptados, con todos los servicios, pues llevan décadas viviendo ahí. Las familias han creando pequeños jardines a su alrededor y decorando las ventanas con plantas.
El desalojo que enfrenta los habitantes de la zona, cercana a la Vieja Estación del Ferrocarril, se debe a las acciones de la empresa Kansas City Southern, que busca recuperar los terrenos, pese a que, aunque están concesionados, en realidad son propiedad de la Nación.
Entre las posibles causas está la construcción del nuevo tren México-Querétaro, aunque los residentes rechazan que el proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sea el motivo principal de los desalojos, ya que aseguran que sus casas están ubicadas a al menos 15 metros de las vías férreas.
Sin embargo, aunque la ruta del tren ha sido anunciada, aún no se han detallado los trazos exactos y los habitantes temen que sus comunidades puedan verse afectadas. El día de la colocación de la primera piedra por parte de Sheinbaum, ellas acudieron a pedir auxilio a la máxima autoridad del país.
El área en cuestión está muy cerca del Tepetate, lo que ha generado aún más preocupación entre los residentes de las vías debido a su cercanía de apenas 10 minutos con el Centro Histórico. El ser desalojados, señalan, implica alejarlos de su fuente de empleo y de la zona donde han desarrollado sus raíces sociales y culturales.
Yazmín Arellano ha vivido aquí más de dos décadas. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando le llegó un citatorio para presentarse en la Fiscalía General de Querétaro.
“Me citaron para decirme que tenía que desalojar por vandalismo, aunque luego cambiaron la razón a que estaba invadiendo. Nunca me explicaron claramente por qué, pero me dijeron que debía irme”, relata.
A pesar de haber asistido a la audiencia, Yazmín sigue sin una defensa clara. “Un abogado de oficio me contactó una sola vez, pero después de eso no he tenido más apoyo. Estoy buscando ayuda, porque no es justo que nos quieran sacar sin darnos opciones”, comenta con preocupación al recordar que ya una familia con hijos fue desalojada con un procedimiento similar.
A lo largo de los años, la comunidad ha tratado de obtener respuestas y apoyo de las autoridades. Durante las campañas electorales, varios políticos se acercaron a prometerles ayuda. Yazmín recuerda un caso en particular: “Cuando vino Mauricio Kuri, le entregamos un folder con nuestros nombres y teléfonos, prometió que nos contactaría. Pero nunca volvieron a llamarnos”. Las promesas de apoyo quedaron en el aire, generando un sentimiento de abandono entre los residentes.
Para Lupita Ponce, la situación es aún más frustrante. Aunque han sido ignorados por la mayoría de los funcionarios, destaca que el exalcalde Luis Bernardo Nava Guerrero, hoy secretario de Desarrollo Social; así como el edil Felipe Fernando Macías Olvera conocen de la situación y se han comprometido a apoyar. Al menos en campaña porque, relatan, “después ya ni se aparecen por aquí”.
Las familias buscan una solución que les permita seguir adelante. No piden regalos ni favores, solo una oportunidad de reubicación o la posibilidad de adquirir un terreno de manera justa. Yazmín lo deja claro: “Yo no pido que me regalen nada, pero sí que me ayuden a comprar un terreno. Algo que pueda pagar y que sea mío, para no vivir con el miedo de que nos saquen de aquí”.
La exdiputada Dulce Ventura es una de las pocas que ha seguido ayudando a estas familias. Desde que dejó su cargo, sigue presente, enviando pipas de agua y apoyando con medicamentos a las personas que más lo necesitan. “Dulce nos ayudó durante la pandemia, nos trajo comida y medicamentos cuando muchos estaban enfermos. A pesar de que ya no tiene un puesto en el gobierno, ella sigue al pie del cañón con nosotros”, dice Lupita con gratitud.
Para la comunidad, este tipo de apoyo ha sido fundamental. “Nosotros no queremos que nos regalen nada, solo pedimos que nos ayuden a regularizar nuestra situación. Sabemos que esta tierra tiene dueños, pero queremos una solución justa. No es justo que nos traten como invasores cuando lo único que hemos hecho es vivir aquí y cuidar este lugar”, comenta Candy López.
Lupita Ponce señala que no pierden la esperanza de que algún día las autoridades les ofrezcan una reubicación adecuada o facilidades para comprar un terreno donde puedan construir un futuro más estable.
Para estas familias, no se trata solo de nostalgia o costumbre, sino de un derecho adquirido. Según explican, desde la época de Nacionales de México, a los trabajadores del ferrocarril se les permitía vivir cerca de las vías como parte de las prestaciones que otorgaba la empresa.
Yazmín comenta: “Yo tengo el contrato colectivo de cuando era Nacionales, y ahí dice que los descendientes de ferrocarrileros tienen derecho a vivir en estos terrenos. Si nos llegan a sacar, deberían reubicarnos o darnos la opción de comprar un terreno donde podamos irnos”.
A pesar de que la empresa ha cambiado, aseguran que los derechos no han desaparecido. “Es una facilidad que aún se da a los trabajadores activos de Ferromex, por lo que no vemos justo que quieran desalojarnos”, añade Candy. Así, la comunidad, que se compone de unas 50 familias, ha enfrentado recientemente citatorios y presiones legales para que abandonen sus hogares. Yazmín comparte que: “Yo me presenté en la Fiscalía y me dijeron que tenía que desalojar, pero no me dieron una razón clara. Primero fue por vandalismo, luego cambiaron el motivo”, relata.
Sin embargo, hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo, y ella, como muchos otros, sigue viviendo bajo la incertidumbre, a lo que se sumó la huelga de trabajadores del Poder Judicial que detuvo casi un año su proceso.
A pesar de las promesas de apoyo, las familias sienten que las autoridades han sido omisas en su situación. Candy López ha ayudado a sus vecinos a reunir documentos y a gestionar sus casos.
“Llevamos años pidiendo una solución. Nos acercamos a la Presidenta, le dejamos un folder con papeles del proceso, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta”, menciona.
La comunidad siente que se enfrentan a un sistema que los ignora, mientras los costos de vivir en la ciudad siguen aumentando. A pesar de las dificultades y la falta de respuestas, la comunidad ferroviaria de Querétaro sigue luchando. Para ello, este lugar es más que un conjunto de vagones adaptados. Es su hogar, su historia y su legado. Un legado que nació entre rieles y que, aunque hoy esté bajo amenaza, no desaparecerá sin una lucha.
“Nosotros no vamos a rendirnos”, afirma Candy López. “Aquí hemos construido una vida, y no nos vamos a ir sin dar batalla. Queremos que las autoridades nos ofrezcan una solución justa, algo que nos permita seguir viviendo en paz”.