Gladys Escudero Alonso, abogada de profesión, llegó a vivir a Querétaro hace siete años y medio a las instalaciones del club campestre El Campanario, al cual acudían de manera regular , pero al cambiar el consejo de administradores bajo el argumento del respeto de estatutos del lugar, comenzaron a prohibir el acceso a las personas divorciadas, como es su caso, cayendo en un acto de discriminación por parte de las autoridades del club. A pesar de tener registro de los pagos puntuales de las cuotas y la autorización del socio (su expareja) para que ella pudiera seguir asistiendo a dicha sede.
“En algún momento se me habían acercado algunas personas a comentarme, que las personas que habían pasado por un proceso de divorcio, se les negaría el acceso. Leí los reglamentos, los estatutos, y en las cláusulas de exclusión no lo menciona. Lo único que menciona es que si hubo un incidente, si no cumplieron alguna disposición, y también existe un comité de vigilancia que es el que valora la situación que se presenta, junto con el afectado, el socio que en un momento dado incumpla para lograr llegar a una determinación” menciona la afiliada.
Comenta que se mencionaba en el club que las personas que estaban separadas o divorciadas no deberían estar, que los accionistas sí, pero sus ex parejas no, si el socio no quiere que su ex pareja o hijos no asistan, lo puede impedir, pero si hay un acuerdo entre las partes, por el bien de los hijos, que acuden a sus actividades deportivas llevados por las ex parejas. Muchos de esos acuerdos, dice, son judiciales, pues se tomaron cuando se llevó a cabo el divorcio.
Señala que nunca se le había visto ningún inconveniente, en tanto que la ex pareja no lleva a nadie al club, son acuerdos que se establecen.
Sin tener presenta la fecha clara, recuerda que arribó al club y le dijeron que no podía entrar, argumentando que habían mandado un comunicado en el cual informaban que todos los accionistas debían actualizar sus datos, y entre los mismos se pedía una copia certificada del acta de matrimonio, en donde se establezca que sigan casados y puedan comprobarlo.
“En eso se justificaron. Que de ahora en adelante quienes no llevaran esos documentos no entran. Sin embargo, al irme al área de relaciones públicas, de donde se emitió ese comunicado, vio una hoja que decía ‘lista de socios divorciados’. Yo vi el comunicado que enviaron a las diferentes áreas del club a las que no nos permitieron tener acceso y coincide esa misma lista. No es verdad que sea una lista de las 787 familias de los socios. Solamente se les restringió el acceso a esas personas y a sus familias (pareja e hijos)”.
Apunta que la lista que se tiene y que pudo ver, sólo contempla a los socios que están divorciados o separados, restringiendo el acceso a los diferentes espacios del club. Gladys agrega que externó su malestar, pues el comunicado en cuestión sólo había sido entregado a quienes estaban divorciados o separados, lo que califica como un acto de discriminación.
“Eso es discriminar a un grupo vulnerable por alguna situación, y eso no debe pasar. Ni siquiera el comité (del club) tiene facultades, porque ellos mismos dijeron que está escrito en el reglamento. Les dije que yo ya leí el reglamento, y en el mismo no dice nada de las parejas que se divorcian. Ese reglamento tiene más de 10 años, que no se ha revisado”, añade.
Además, enfatiza, las medidas tomadas contra ella y otras familias vulneran las garantías individuales contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues un reglamento no puede estar por encima de la ley.
Luego de cuestionar la decisión, acudió con el gerente del club, quien se limitó a decir que él era solo el portador del mensaje y las decisiones del comité.
“Obviamente todos empezamos a opinar. Envíe varios escritos porque esto se tiene que saber. Cómo es posible que en uno de los lugares donde debe de haber más conciencia, apliquen una situación así a grupos vulnerables. La decisión sobre el divorció no tendría nada que ver con la asistencia a unas instalaciones”.
Enfatiza que en este caso los estatutos del club no permiten a los miembros del comité tomar estas decisiones. Por ello, puso una queja ante la Conapred, pues se violentaron sus derechos y se le discrimina junto a sus hijos, de 13 y 12 años de edad.
Añade que en su poder tiene la lista que dice “divorciados”. Menciona que en algunas instalaciones, como la clínica, están pidiendo documentación, pero para subsanar el error que cometieron, pues incluso el titular de la acción podía entrar.
Indica que se recolectaron firmas para dar un plazo de un año para arreglar la situación con el comité, para revisar la situación de las familias, y que ahora que el nuevo comité busca aplicar un reglamento antiguo, afecta a una parte de los socios.