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Ayer, jueves, se realizó la audiencia contra dos mujeres que son procesadas por participar en las pintas que se realizaron durante la marcha del 8 de marzo, por lo que un grupo de féminas se manifestó afuera de los juzgados del Poder Judicial de Querétaro, los cuales se encuentran junto al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José El Alto, en la capital del estado.
Durante la protesta, las manifestantes denunciaron que han sufrido acoso, por lo cual buscarán se les ingrese al mecanismo de protección de periodistas y defensoras de derechos humanos.
Al actualizar la información de los procesos penales, las protestantes aseguraron que ya son ocho las mujeres a las que se les inició un proceso derivado de su participación en el 8M, se les responsabiliza de realizar pintas a una maqueta, ubicada en la Alameda Hidalgo.
Ataques a feministas
Las manifestantes comentaron que dos horas antes de la convocatoria, al exterior del Cereso, ocurrió un incendio en una óptica del Centro Histórico en la cual una de ellas labora; los bomberos lo apagaron y tras hacerlo se colocaron sellos de clausura.
Consideraron que el siniestro resulta extraño, pues no existían elementos que se pudieran incendiar, pero en el lugar almacenaban los elementos que utilizan para el activismo. Lo ocurrido podría formar parte de un intento para amedrentarlas, al prenderle fuego a su lugar de trabajo.
Las activistas denunciaron que los procesos penales que se fincaron contra ocho mujeres se basaron en la investigación que las autoridades realizaron sobre los videos que circularon en las redes sociales; además, se les informó que el 9 de marzo la Fiscalía solicitaba conocer directamente el nombre de quienes participaron en la marcha.
Las protestantes explicaron que el pasado 7 de abril se giraron las órdenes de aprehensión contra las procesadas pero hasta junio comenzaron a cumplimentarse; sin embargo, acusan que a las mujeres se les citó con engaños y se les arrestó sin darles a conocer los delitos por los que se les acusa; además, las mantuvieron incomunicadas.
Asimismo, dijeron que activistas y defensoras de derechos humanos plantean organizarse, a nivel nacional, contra los procesos penales que se efectúan en el estado de Querétaro.
El respaldo de Araceli Osorio
A las manifestantes las acompañó Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín, víctima de feminicidio en mayo del 2017, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante el evento, Osorio Martínez alertó que criminalizar la protesta social es un crimen de estado.
“Estamos planteando la organización a nivel nacional, porque no es posible que nosotras tengamos que estar luchando por nuestros derechos, exigiendo nuestros derechos encerradas en una prisión”, expuso Osorio Martínez.
Coincidió en solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra Mujeres y Niñas (CONAVIM).
Agregó que el gobierno quiere utilizar a esas mujeres para un escarmiento público y dejar muy claro su mensaje de que no las quiere en las calles exigiendo sus derechos.
“No nos quieren en las calles exigiendo cero tolerancia, no nos quieren en las calles diciendo que la violencia feminicida no es un asunto aislado, sino que son crímenes de estado”, agregó Osorio Martínez.
Añadió que la preocupación crece al analizar que en el país se cometen, en promedio, 11 asesinatos de mujeres al día, que existe resistencia para catalogar las investigaciones como feminicidios y, por tanto, que están sin atender exigencias tanto de prevención como de justicia.
La ONU México se pronuncia
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México, se pronunció respecto al proceso penal que se inició en contra de las queretanas que se manifestaron en marzo.
A través de sus redes sociales, recordó que criminalizar la protesta está prohibido y llamó a analizar si la penalización es necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática. Lo anterior en referencia a que la pena máxima contra las mujeres podría ser de 9 años en prisión.
“El uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal en contra de manifestantes por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo organizador o convocante. Sus efectos son la sujeción a procesos, de faltas o penales, arbitrarios y prolongados…”, escribió la ONU en la publicación en sus redes sociales.
La organización consideró que debe analizarse si la utilización de sanciones penales se encuentra justificada bajo el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la necesidad de comprobar que la penalización resulta necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Recordó que la criminalización de la defensa de los Derechos Humanos busca debilitar los movimientos sociales y hacer que la población se desista de presentar denuncias por delitos graves ante la policía.
Particularmente, expuso su preocupación por la criminalización de las jóvenes que recién inician en la defensa de los derechos humanos.
“Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus #DDHH. Sobre este punto hoy emitimos un comunicado con las presencias de la ONU-DH en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para Libertad Expresión (CIDH)”, precisó.
