Hace cinco años, Jesús Alberto Maldonado Hernández, un joven de 30 años de edad y que vivía con la condición de síndrome de Down, falleció en su domicilio diez días después de que en el Hospital General de Querétaro se le practicara una punción para extraer líquidos que dañaban su cuerpo.
Los padres del joven finado, Jorge Eugenio Maldonado Estrada y Estela Hernández Jiménez, afirman que su hijo murió por negligencia médica, y señalan como responsable de su deceso al personal médico del Hospital General, pues aseguran que nunca autorizaron dicho procedimiento, también denuncian una serie de supuestas irregularidades que terminaron con la vida de su hijo.
Desde la muerte de Jesús Alberto, en 2016, Eugenio y Estela interpusieron una denuncia penal y civil contra el personal médico del Hospital General para proceder en contra de quien resultara responsable.
No obstante, cinco años después de este proceso que ha sido agotador y costoso para la familia de Jesús, aún no se tiene respuesta, pues las autoridades no han determinado la culpabilidad o inocencia de los médicos involucrados en el caso.
Eugenio Maldonado Estrada, padre del joven, reprocha a las autoridades estatales su poca participación en el caso, pues dice, ni el gobernador Francisco Dominguez, ni el actual Secretario de Salud, Julio Cesar Remírez Arguello, se han pronunciado al respecto, a pesar de que las autoridades de gobierno, así como la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, conocen el hecho.
“Es muy importante el caso de mi hijo, es la vida de una persona, y es vergonzoso que las autoridades como la Fiscalía, la Secretaria de Salud y la propia Defensoría de los Derechos Humanos, que en su momento emitió una recomendación, se olviden del tema y los responsables sigan ejerciendo como si nada hubiera pasado. Está por acabarse este sexenio, las autoridades actuales se irán, pero eso no las exime de su responsabilidad, deben actuar, hacer algo”, comenta Eugenio.
Han sido cinco años de peleas legales, de presentar pruebas y de recordar una y otra vez la muerte de su hijo, pero los padres de Jesús no piensan rendirse, pues , dicen, “seguiremos luchando, aunque se nos vaya la vida en esto”.
Tanto Eugenio Maldonado como Estela Hernández, afirman que su hijo Jesús Alberto era un joven sano a pesar de vivir con síndrome de Down, lo que implicaba tener un sistema inmunológico más débil que el del resto de la población.
Cuando cumplió 30 años de edad, a Jesús le detectaron cáncer testicular, por lo que fue ingresado al Hospital General para que le practicaran una cirugía ambulatoria. No obstante, días después de este procedimiento quirúrgico, Jesús Alberto comenzó a sentir diversos malestares, entre ellos una preocupante hinchazón de su vientre y dificultades para respirar.
Los nuevos síntomas de Jesús provocaron diversas reacciones entre los médicos que estudiaban su caso, pues algunos decían que se trataba de un caso de metástasis y que el cáncer se había expandido a los pulmones, mientras otros negaban esta situación. Sin embargo, nunca le practicaron ninguna biopsia para detectar la causa precisa de sus males.
Cuando el dolor y la hinchazón de su vientre fueron insoportables, Jesús fue llevado por su familia al área de urgencias nuevamente al Hospital General, donde pasó alrededor de cinco horas en espera, hasta que la doctora Erika Damián Salazar, encargada del área, le brindó atención y determinó que el joven necesitaba una punción urgente para drenar el líquido que afectaba su estómago.
Dicho procedimiento médico provocó múltiples hemorragias en Jesús, y aún así fue dado de alta un día después de dicha intervención en quirófano.
Una vez en casa, Jesús Alberto no mostraba mejoría, y 10 días después de haberle sido realizada la punción, el joven falleció en su hogar.
Desde ese momento, los padres de Jesús iniciaron una serie de quejas y demandas ante las autoridades correspondientes, pues señalan que su hijo no fue atendido correctamente.
La familia del joven contrató un perito particular, quien determinó que el joven murió a causa de una negligencia médica, pues la punción no se realizó correctamente, misma que perforó el hígado y provocó hemorragias internas.
Además de la vía penal, el caso se presentó ante la Defensoría de los Derechos Humanos, quien además de emitir una recomendación al director del Hospital General, igualmente realizó un peritaje, donde nuevamente se detectaron irregularidades médicas.
“Cuando mi hijo muere, viene a mi casa una doctora del Hospital General con un peritaje ya hecho, con las causas de muerte y ni siquiera subió a ver el cuerpo de mi hijo, ni siquiera constató que mi hijo realmente estuviera muerto, en el peritaje del hospital dice que mi hijo murió por metástasis y por síndrome de Down, es absurdo”.
Durante las investigaciones, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra Erika Damián Salazar, la médico que realizó la punción, por su probable responsabilidad en la comisión del delito. Sin embargo, la doctora enfrenta el proceso en libertad y aún ejerciendo en el nosocomio, luego de haber pagado una fianza de 13 mil pesos.
Las autoridades también han determinado que se debe indemnizar a la familia afectada, con la cantidad de 40 mil pesos. Sin embargo, los padres de Jesús no buscan la compensación económica, sino el retiro de licencia profesional de Erika Damián Salazar.
“Queremos que las autoridades se pronuncien al respecto, que hagan justicia por la muerte de mi hijo, estos doctores no pueden seguir ejerciendo como si nada hubiera pasado.
“Actualmente el proceso sigue, estamos en la etapa de presentar pruebas, nosotros tenemos videos del procedimiento, fotografías de las hemorragias que tenía mi hijo, tenemos documentos oficiales con irregularidades, todo demuestra que nosotros tenemos razón”, comentan ambos padres.
Esta casa editorial se contactó con la Secretaría de Salud para incluir su posicionamiento ante esta situación, sin embargo, no obtuvimos respuesta.