De nueva cuenta la 4T intentó madrugar con una reforma de gran calado, que impacta en múltiples derechos y que no ha sido socializada ni consultada a la ciudadanía, pero que resulta urgente para el oficialismo. Me refiero a la reforma a la Ley de Infonavit.

En días pasados, la Presidenta de la república envió al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Senadores, una reforma integral a la Ley que regula el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con la justificación de reglamentar la reforma constitucional que fue aprobada hace algunas semanas.

El fondo de la reforma constitucional no está a discusión: ampliar el campo de atribuciones del Infonavit para que éste pueda realizar la construcción directa de vivienda y aplicar el llamado arrendamiento social (un mecanismo que permite a los de reciente cotización, arrendar la vivienda durante un año con miras a su posterior adquisición), son temas que generarán beneficios a la población. Para ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2025, la mayoría en la Cámara de Diputados autorizó una bolsa de más de 9 mil millones de pesos para el programa de vivienda social que anunció la titular del Ejecutivo.

Sin embargo, nuevamente al partido mayoritario le fallaron las formas y eso ha provocado muchas tensiones.

Por principio de cuentas, en cuanto la iniciativa fue presentada la mesa directiva del Senado, controlada por el partido mayoritario y su coordinador, la remitieron de inmediato a comisiones para su discusión. Ni siquiera habían pasado 24 horas, cuando ésta fue aprobada por la Comisión y subida al pleno de la Cámara. Cuestión que obviamente la oposición no dejó pasar por alto, señalando el desaseo en que había incurrido la mayoría legislativa.

No obstante, la reforma fue aprobada por el partido oficial y sus aliados, y remitida enseguida a la Cámara de Diputados que ha concluido su primer periodo ordinario de sesiones y está en receso, esperando decidir si se convoca o no a un periodo extraordinario.

Más allá del desorden legislativo que han mostrado en reiteradas ocasiones los del oficialismo, en este asunto destaca el fondo, pues cuando revisamos la “letras chiquitas” del dictamen, es cuando caemos en cuenta la razón de la urgencia.

De lo que se ha ventilado hasta el momento, destacan dos temas muy preocupantes que ya han provocado la movilización de todo el sector obrero en el país: la modificación de la estructura operativa del organismo, dándole mayoría a los representantes del gobierno frente a los del sector obrero y empresarial, y la autorización para que el Estado pueda “disponer” de más de 2 billones de pesos de la subcuenta de vivienda de las afores de los trabajadores.

La Presidenta y demás defensores de la 4T han salido ante los medios de comunicación a defender la propuesta, alegando que la estructura se mantiene tripartita y que es común que el gobierno federal disponga de recursos en bolsas de ahorro para realizar inversiones financieras, por lo que la propuesta en sí no tiene ninguna consecuencia grave.

El tema está muy álgido por todos los factores involucrados y aderezado con el supuesto desencuentro entre Monreal y Adán Augusto, quienes abiertamente han mostrado sus desavenencias. Sea como sea, la falta de socialización, aunado a la incontrolable tendencia de avasallar los temas, han hecho que Morena y el gobierno federal tengan múltiples frentes abiertos, en una especie de dictadura legislativa que nada ni nadie ha podido detener, pero que muchos ya están resintiendo.