Todo parece indicar que la reforma constitucional al Poder Judicial será una realidad. Así lo sentenció el presidente Andrés Manuel y lo avaló la futura presidenta Claudia Sheinbaum.
Con la mayoría calificada que alcanzará Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, parece que no hay nada que detenga la referida reforma. El punto nodal es la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema vía voto directo popular, además de crear un organismo alterno al Consejo de la Judicatura que vigile el actuar de los funcionarios.
En este punto se ha centrado el debate, pues algunos expertos consideran que eso puede poner en riesgo el profesionalismo o calidad de la función judicial. Además que implicaría politizar a los órganos judiciales, llevando a sus titulares a resolver conforme al contexto político o social, y no de acuerdo a las leyes.
Esto no es un debate nuevo, data desde el siglo XIX, con el llamado “amparo Morelos” y las posturas encontradas de los entonces ministros de la Corte Suprema, José María Iglesia e Ignacio L. Vallarta. Dicho amparo definió la procedencia de ese juicio en materia electoral. Básicamente, el razonamiento que imperó tuvo dos aristas. Por un lado, la SCJN no podía involucrarse en asuntos políticos porque violaba la división de poderes y, por otro, se politiza la justicia, lo que pone en riesgo el principio de imparcialidad e independencia judicial.
En el plano internacional, el debate persistió entre el jurista Hans Kelsen y Carl Schmitt a mediados del siglo pasado, donde el primero explicaba los riesgos de politizar el poder judicial y ponerlo al servicio de una ideología política, lo cual fue controvertido por su homólogo, quien consideró que el poder judicial está intrínsecamente unido a la política, porque ante todo, es un ente político. Cabe señalar que Schmitt fue defensor a ultranza del régimen nazi.
Más allá de las posturas ideológicas y opiniones, todas válidas, lo que salta a la luz en este caso particular es la “urgencia” con que el presidente quiere impulsar la reforma. ¿A qué se debe tanta celeridad?
Algunos dicen que es un deseo de “venganza” contra la presidenta de la Corte y los ministros que han votado en contra de sus proyectos, como la reforma energética o la reforma electoral. Si fuera eso, ¿por qué tocar a toda la estructura? ¿Por qué no solo reformar la Alta Corte? Otros dicen que es el deseo de controlar a la Corte y tener mayoría en el pleno, pero ello no concuerda con el contexto, donde en algunos meses varios ministros se jubilarán y quedará en manos de la próxima presidenta y su congreso mayoritario escoger a los nuevos integrantes de la Corte.
Me parece que la verdadera razón que lo motiva es que el Poder Judicial Federal es el último reducto de contrapeso que impide impulsar las demás reformas que busca realizar. Lo que algunos llaman “el segundo piso de la transformación”.
Considero que es un plan estructurado para que la próxima presidenta llegue a la mesa puesta, donde ella no elegirá, ni el color del mantel ni mucho menos el menú, pues ya todo estará listo para el festín. Es decir, con el Poder Judicial reestructurado, las otras reformas pendientes caminarán sin mayor oposición. Sin preocupaciones de amparos, recursos o controversias. De ahí la urgencia de consolidar el plan de transformación.
¿Qué sigue? Estar muy atentos a la manera como querrán, desde el oficialismo, cambiar al Poder Judicial; pero siendo propositivos, insistiendo en mantener su independencia y evitar que ese poder, como el Congreso Federal, se convierta en una oficialía de partes para el Palacio Nacional.
