Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla. Hoy, primero de octubre, se llevará a cabo el cambio en la Presidencia de la República. Y como en cada fin de sexenio, es inevitable revisar los pendientes que deja una administración y que serán la herencia para la que viene.

El proceso de transición entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido terso. En gran medida, porque ambos provienen del mismo partido y comparten el mismo proyecto de gobierno. Es más, en reiteradas ocasiones la presidenta ha comentado su compromiso de continuar con el “segundo piso de la transformación”. Sin embargo, esa continuidad la ha llevado a recibir sin protesta, un gobierno con varios retos y frentes abiertos.

De entrada, la Presidenta enfrentará el reto urgente de atender la catástrofe ocurrida en los estados de Guerrero y Michoacán, con el paso del huracán John, cuyas afectaciones han dejado a miles de familias sin hogares ni condiciones salubres para vivir. Reto que se intensifica ante la falta de un mecanismo de financiamiento para atender la emergencia, como lo era el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que desapareció en el sexenio que concluye.

Otro frente abierto es la crisis política e institucional producida por la reforma judicial, la cual sigue generando múltiples manifestaciones en varias partes del país y que han ido subiendo de tono; así como la transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien a partir de ahora realizará funciones de seguridad e investigación de delitos.

Y ya que entramos al tema de la seguridad, el gran pendiente que heredará la Presidenta será la crisis general de inseguridad que se vive en el país, donde la presencia y control del crimen organizado se ha potencializado. Prueba de ello son los más de 200 mil homicidios dolosos que entrega el gobierno saliente, producto de la mal llamada estrategia de “abrazos, no balazos”. Asimismo, de manera urgente, se tendrá que hacer frente a la crisis de violencia que se vive en Sinaloa, donde a más de dos semanas del inicio de los enfrentamientos, aún sigue sin haber orden ni tranquilidad. Las familias han tenido que renunciar a su vida ordinaria y adoptar una paralización de las actividades económicas, algunos dicen que peor a la pandemia.

Ello me lleva a otro punto importante que deberá afrontar el próximo gobierno, la situación económica. El gobierno saliente ha dejado un déficit fiscal del 5.9% del Producto Interno Bruto, cuando lo ordinario ronda el 3%, siendo el más alto en los últimos cuatro sexenios. Además, heredará una deuda pública de 17.8 billones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 59.2% en los seis años. Así, en términos coloquiales, cada mexicana y mexicano deberá alrededor de 130 mil pesos.

Lo anterior se agrava considerando que la nueva administración debe concluir las obras pendientes, como lo tramos restantes del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el circuito de conexión al AIFA, sin dejar de lado los compromisos sociales que deberá continuar, como la pensión a favor de adultos mayores y los apoyos a jóvenes, que ya serán derecho constitucional.

Y en el plano internacional, la Presidenta deberá limar asperezas con el gobierno español, importante socio comercial que representa la llave de entrada hacia Europa y, el cambio de gobierno en Estados Unidos, con un probable y potencial regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Estos y muchos otros son los retos que asumirá la presidenta Sheinbaum, herencia de su predecesor.