El debate sobre la reforma al Poder Judicial continúa. Esta ocasión le tocó a la ciudad de Querétaro, en el emblemático Teatro de la República. Ahí se dieron cita algunas personas promotoras del proyecto, entre ellas, la ahora ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. No obstante, algo que le restó legitimidad al “foro” fue la ausencia de voces disidentes, mismas que, curiosamente, se quedaron afuera del recinto.

Pero más allá del aspecto político (cuyo escenario está más que definido), es importante analizar el fondo de la reforma y advertir si ésta responde o no a lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros Tribunales Internacionales han llamado: un fin justificado. Después de la segunda gran guerra, la comunidad internacional estableció ciertos principios o parámetros para evitar abusos como los cometidos por los países totalitarios. Uno de ellos fue que toda modificación al orden jurídico nacional, especialmente a la Constitución, debía ser idónea para cumplir un fin justo y legítimo.

¿A qué nos lleva eso? A revisar si la reforma al Poder Judicial que promueve la 4T cumple con ese objetivo.

En la exposición de motivos y en varios encuentros, los promotores de la reforma dicen que con ella se busca: a) combatir la corrupción y, b) darle justicia al pueblo de México. Para ello, parten de una premisa: el Poder Judicial está plagado de corrupción, sus funcionarios sólo responden a intereses y defienden a delincuentes, por eso hay que cambiarlos; sin embargo, hasta el momento no han mostrado un solo diagnóstico serio y preciso, con estadística o datos exactos, que nos permitan conocer con objetividad, cuántos jueces, magistrados o ministros han sido acusados de corrupción o mal uso de funciones.

En este sentido, ¿la reforma responde a un fin justificado y legítimo, o es más bien un señuelo con el que buscan obtener el control de la institución?

En cuanto a la corrupción, varios expertos han comentado que la designación vía voto directo de jueces y magistrados no acabará con ella, sino que al contrario, la impulsará. Ahora quienes aspiren a esos cargos dejarán de lado el mérito de sus carreras para salir a las calles a buscar “patrocinadores” y simpatías ¿eso es correcto?

Pero además ¿esta reforma traerá justicia al pueblo de México? Considero que más que jueces elegidos por la gente, lo que la población requiere y demanda es un sistema de justicia eficiente. Una reforma que toque todas las hebras, instancias y procedimientos a los que se enfrentan los ciudadanos. Fiscalías, defensorías, organismos protectores de derechos humanos, jueces municipales y estatales, entre otros; son elementos que deben ser analizados y rediseñados en los tres niveles de gobierno. Elementos que por cierto, están ausentes en la iniciativa.

En este punto la opinión de cámaras, colegios, universidades, organizaciones de abogados, y en general, de la sociedad civil, sería muy enriquecedora, por sus experiencias y vivencias. En lugar de eso, vemos un debate cerrado y sesgado, como el del pasado domingo. La verdad es que si queremos mejorar el sistema de impartición de justicia debemos apostar por corregir la logística de las instituciones, aligerar los procedimientos y abrir más áreas de apoyo para los sectores vulnerables.

Así, la realidad se impone a la ficción, la ficción creada por la 4T; pues está claro que la reforma que están impulsando no es idónea para obtener los fines que supuestamente persigue; sino más bien un pretexto para controlar y eliminar los últimos contrapesos que le quedan al presidente. ¿no lo cree?