El tema de la reforma al Poder Judicial sigue siendo prioridad en la agenda pública. En la Cámara de Diputados se dio la batalla posible; sin embargo, los llamados a la razón, la cordura y sensatez, así como las manifestaciones multitudinarias de trabajadores y estudiantes, fueron infructuosas frente a la aplanadora legislativa del oficialismo.
Ahora la lucha continúa en el Senado de la República, donde la mayoría calificada está a un voto. Justamente el domingo comenzó el debate en comisiones y hoy se discutirá, en primera lectura y en lo general,el proyecto de dictamen en el Pleno.
Algunos personajes de Morena han manifestado que tienen la mayoría “de sobra” pero ante la posición pública y abierta de los grupos parlamentarios de oposición, fijando postura en contra, ya comenzaron a mover los números, argumentando que sólo requieren 85 votos y no 86 como lo dictan las matemáticas.
Aunado a ello, debemos ahora considerar la propuesta de reforma integral que dieron a conocer las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que está bien sustentada en estudios serios sobre la impartición de justicia en el país y que debe ser considerada.
No es cosa menor. El Poder Judicial guarda y protege la integridad de nuestra Constitución. Es el contrapeso ante las ocurrencias y la última línea de defensa de las y los ciudadanos ante el poder público.
¿Será acaso que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte es una estrategia para cooptar el último reducto de control constitucional?
Más allá de la inoperancia del proceso de elección, el cual hasta el momento no ha quedado claro; está el hecho de cómo se manipularán los filtros para definir quienes conformarán las listas de candidatos. ¿Cómo se garantizará que los candidatos no sean cooptados por el crimen organizado o grupos de poder? Esa y muchas otras preguntas no han sido resueltas, porque la prisa de sacar esta reforma responde a una premura inexplicable.
Asimismo, la disminución en requisitos para ser juzgador no garantiza el profesionalismo ni la capacidad de quienes lleguen a impartir justicia. Con esta reforma se están echando por la borda 30 años de carrera judicial, que fue creada como una garantía para las y los justiciables, una garantía de que sus problemas serán resueltos por tribunales profesionales e imparciales y, por personas preparadas y capacitadas, apegadas a la ley.
Otro punto importante es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos alcances pueden ser devastadores para la función judicial. Ya lo han dicho expertos en el tema. Será un órgano con facultades inquisitorias que afectará la libertad de las y los jueces. Ya no podrán dictar sus sentencias a libre conciencia.
Creo que la postura ha sido clara. Por supuesto que México necesita una reforma integral en materia de impartición de justicia, que toque todos los ámbitos, instituciones y procedimientos involucrados, no sólo la elección de jueces, magistrados y ministros. La propuesta del partido en el poder no sólo es ineficaz, sino destructiva. Afecta la división de poderes, la independencia judicial y el profesionalismo.
Es indispensable un mayor análisis y, sobre todo, allegar las propuestas que tenga la sociedad civil.
