El pasado viernes se llevó a cabo la sesión del INE por la que, contrario a todos los ideales democráticos que recoge y garantiza nuestra Constitución, se dio la mayoría calificada del Congreso a la bancada de Morena y sus aliados. Las y los consejeros del INE fijaron postura en torno a la interpretación del artículo 54 de la Constitución. Poco sirvieron los argumentos y el intento fallido realizado por la consejera Claudia Zavala de proponer una interpretación más equilibrada y justa entre las fuerzas políticas. La decisión fue tomada, y excusándose en un impedimento legal, las y los consejeros avalaron la aplanadora oficialista.

El asalto a la democracia se consolidó y, en seguida, comenzamos a ver los primeros visos del autoritarismo que se avecina. Casi a la par de que se hiciera la declaración oficial del INE, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, con mayoría morenista, dio banderazo a la erosión institucional. De un plumazo extinguieron 7 organismos constitucionales autónomos.

Para entender la trascendencia de esto, es importante precisar que los organismos constitucionales autónomos existen para equilibrar el ejercicio del poder. Su objetivo es que ciertas decisiones y funciones, exclusivamente técnicas, no dependan del entorno político o la conveniencia del presidente. Ahora, con la decisión tomada, muchas funciones que habían sido descentralizadas regresarán al dominio del Ejecutivo, regresando al hiperpresidencialismo de los años 70.

Así, desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encargada de evitar y sancionar prácticas monopólicas, cuyas funciones ahora serán absorbidas por la Secretaría de Economía. También, desaparecerá el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que regulaba todo lo concerniente a las comunicaciones: radio, televisión, telefonía e internet.

Otro organismo que desaparecerá es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se encargaba de analizar y evaluar el combate a la pobreza y el rezago social.

También se extinguirá la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que regula todo lo relativo a la industria eléctrica y formas alternas de generación de energía. Otra será la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), organismo especializado en regular la exploración y extracción de hidrocarburos, cuyas funciones pasarán a la Secretaría de Energía.

También, como último golpe a la llamada reforma educativa, desaparece la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación para dejar en manos de la SEP evaluar la calidad de la educación.

Y, como cereza del pastel, desaparecerá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), así como sus homólogos a nivel estatal, cuyas funciones ahora serán ejercidas por la Secretaría de la Función Pública y los gobiernos estatales. Con esto, se reafirma y demuestra que la transparencia no es el fuerte de AMLO. Así, con estos cambios queda más que claro lo que será la próxima legislatura: una oficialía de partes al servicio del Poder Ejecutivo.

La entrega de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión a los partidarios de la 4T, no sólo desmantelará las instituciones, sino que mermará el Estado de Derecho. Todavía queda una última instancia para detener esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque la fuerza del oficialismo es tal que todo parece inevitable. Veremos qué sucede.